El Parlamento de Andalucía aprobó ayer la reforma de su Estatuto, que ahora viajará a Madrid para protagonizar un proceso semejante al catalán en las Cortes Generales. El texto finalmente surgido de la cámara autonómica, que incluye la consideración de Andalucía como realidad nacional en el preámbulo, es largo y farragoso, y guarda en casi todo una gran semejanza con la propuesta catalana.

Dicho de otra forma, y aun cuando existen diferencias y matices relevantes que diferencian ambos modelos, la pretensión catalana de la singularidad, del impulso decisivo a la identidad diferencial, de la asimetría, queda considerablemente desactivada, como ya ocurrió, por otra parte, al elaborarse los primeros estatutos de autonomía: la firme voluntad de Andalucía, expresada entonces a través del opositor Partido Socialista, de utilizar la vía del art. 151 reservada a las «nacionalidades históricas», enfatizó el modelo del café para todos y arrasó el precedente republicano de un Estado unitario con algunas regiones autónomas. Para algunos, el súbito federalismo andaluz habrá constituido una sorpresa pero, si bien se medita, se entenderá fácilmente que la vitalidad actual de las regiones es en realidad una garantía de cohesión del Estado y de primacía de lo federal sobre lo confederal: nadie transigirá con el privilegio del vecino, y ese viejo motor basado en el agravio comparativo también sirve para construir país.