El alcalde de San Javier, José Hernández, dijo hoy que la intervención de la Fiscalía para investigar si su actividad como socio de una empresa inmobiliaria pudiera ser constitutiva de delito es una garantía, ya que, a su juicio, con su investigación "quedará claro que la actuación del Ayuntamiento se ha ajustado a la Ley en todo momento".

Advierte asimismo que la Fiscalía "ni siquiera ha comunicado ninguna apertura de diligencias", si bien el alcalde se hace eco de lo aparecido en los medios de comunicación sobre el inicio de diligencias informativas en relación con las informaciones que días atrás le vinculaban con diferentes empresas.

En relación con las actividades de la mercantil Peinsa, con la construcción de una urbanización de trescientas viviendas, este desarrollo, según el comunicado del alcalde, "se ejecuta en unos terrenos que fueron recalificados a instancia de los anteriores propietarios".

Añade que posteriormente se aprobaron las actuaciones de la mercantil "siguiendo el procedimiento administrativo adecuado, realizando en su momento, incluso, aquellas modificaciones que fueron sugeridas por la Comunidad Autónoma".

En la Consejería, agrega el primer edil, un técnico elaboró un informe "sin tener en cuenta que las modificaciones sugeridas por la Administración Regional, dentro del informe favorable al citado proyecto, se habían ejecutado".

"De ahí que el dictamen del referido funcionario ni siquiera fue tenido en cuenta por los responsables de ese servicio de la Comunidad", añade el alcalde.

En relación con las informaciones que apuntan a la mercantil Urdema S.A., sobre la que se destacaba su participación en obras públicas del municipio, el alcalde señala que tales obras fueron adjudicadas, por mesa de contratación, mediante procedimientos de subasta pública.

En la citada mesa de contratación no participó el alcalde de la localidad, José Hernández, según asegura en el comunicado.

De que las mercantiles, a su vez, estaban relacionadas con el alcalde, en una sociedad en Valencia, el primer edil de San Javier reconoce tal relación, y aclara que "tal sociedad se constituyó para el desarrollo de cinco viviendas particulares y que, además, se constituyó después de las actividades mencionadas por parte de Urdema y Peinsa".

José Hernández añadió que "el trabajo del fiscal consiste en verificar que se cumpla el principio de legalidad y confío en que cuando termine la investigación, no dejará de actuar contra quien con una intención torticera haya tratado de perjudicar a representantes públicos, buscando lograr intereses bastardos".