El miembro de la presidencia regional de IU Pedro Marset denunció hoy en conferencia de prensa lo que calificó como "marbellización" del municipio de Murcia por los varios casos de especulación urbanística desvelados últimamente, y destacó el papel que el colegio de arquitectos realiza para darlos a conocer.

Marset ha pedido la paralización de los convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento hasta que se aclare su legalidad, y criticó fórmulas empleadas por el consistorio como el aceptar que las urbanizadoras cedan suelo rústico en lugares recónditos del municipio a cambio de incrementar la edificabilidad.

Por su parte, la portavoz de IU en cuestiones relacionadas con el municipio de Murcia, Esther Hergueras, dijo en rueda de prensa que la citada fórmula que calificó de "teletransporte" es una "artimaña que esconde especulación salvaje y sin control".

Hergueras criticó el proyecto Nueva Condomina que con el argumento deportivo desembarcó en Murcia en 1999 para salvar al Real Murcia cuando iba a desaparecer y que escondía un importante negocio inmobiliario que en sucesivas tramitaciones ha cambiado de uso dotacional y económico a residencial, con una edificabilidad que ha pasado de 0,09 metros cuadrados por metro cuadrado a 0,67.

Recordó que el 31 de mayo de 2001 el pleno del ayuntamiento aprobó el convenio urbanístico con los votos a favor de PP y PSOE y en contra de los dos concejales de IU.

Señaló que Jesús Samper, su promotor, fue el que firmó en su día el descenso del Real Murcia por motivos económicos, y durante el periodo de gestación de la revisión del PGOU compró un millón de metros cuadrados de terreno agrícola o rústico no urbanizable al norte de la ciudad.

Indicó que Samper ha trasladado la fórmula Nueva Condomina a ciudades como Huelva y Ciuedad Real, y que maneja un entramado inmobiliario junto a su cuñado, José Manuel Trujillo, bajo la marca Trusan, con sociedades en Suiza "para gestionar parte de los fondos desde ese paraíso fiscal".

Según Marset, no es posible que se estén desarrollando y propiciando especulaciones de miles de millones de euros y el alcalde, Miguel Angel Cámara, no se haya enterado.

Esther Hergueras consideró que lo más preocupante de toda esta situación irregular es que si prospera el contencioso que tiene anunciado el colegio de arquitectos o de abrir diligencias la fiscalía anticorrupción, el ayuntamiento se podría encontrar en situación de quiebra o bancarrota si tuviera que hcer frente a las presumibles indemnizaciones que reclamarían los beneficiarios de los convenios urbanísticos, ya que tendrían que ser anulados.