El Colegio de Arquitectos describe el entramado que permitía a la familia Peñalver controlar la actividad urbanística a lo largo de todo el proceso administrativo: «Unos se encargan de la modificación del Plan General, otros realizan el plan parcial, otros la reparcelación y otros los proyectos de edificación», indica el informe.

El despacho de arquitectura de Peñalver colabora incluso con un equipo técnico especializado en realizar exclusivamente las polémicas permutas de suelo forestal por una mayor edificabilidad en otros terrenos.

Las acusaciones más graves que recoge el informe del Colegio de Arquitectos realizado a petición del fiscal jefe son las de «prevaricación continuada en sus informes como técnico municipal» y «informar favorablemente proyectos totalmente ilegales».