Tras 39 sesiones de trabajo de la ponencia a lo largo de casi un año, la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento andaluz aprobó el pasado jueves la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, con una distribución de apoyos y rechazos que inevitablemente recuerda lo sucedido con el Estatuto catalán: PSOE e IU votaron a favor, en tanto, por razones diametralmente opuestas, el PP y el Partido Andalucista se opusieron. El texto será sometido el 2 de mayo a una votación final del Pleno de la Cámara; ésta será la única oportunidad para que el PP -que ha llegado a reconocer una coincidencia en el 90% del texto articulado- ingrese en el consenso. Como es conocido, Chaves ha ofrecido al jefe de la oposición andaluza, Javier Arenas, un encuentro personal para tratar de limar aspereza y conseguir el acuerdo.

Finalmente, y para no desmerecer el contexto de frivolidad general en que suele moverse el debate territorial, el articulado del proyecto -unos 250 artículos frente a los 75 actuales- ha suscitado bien escasa polémica y la gran controversia se ha centrado en una cuestión nominal, todavía mucho menos enjundiosa que la que ha provocado el crujir de dientes en el proyecto catalán: el PSOE ha forzado una simplificación de la definición de Andalucía del art. 1 y en el preámbulo se afirma que la Constitución reconoce en su artículo 2 «la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad». El PP ha puesto el grito en el cielo, pese a que hay que hacer grandes esfuerzos para encontrar el motivo ya que se ha eludido el término 'nación' y hasta la etimología juega esta vez en su contra.

Se comparta o no el recelo del PP hacia el uso descriptivo del la tal palabra incluida en el preámbulo del Estatuto catalán, parece claro que la generalización del concepto -realidad nacional en el caso andaluz- restablece una simetría que pudiera haberse quebrado en Cataluña y regresa al concepto de café para todos, querido por los autonomistas y denostado por los nacionalistas de todos los pelajes. Es curioso y relevante -lo ponía de manifiesto el viernes Soledad Gallego-Díaz- que haya sido precisamente el catedrático Manuel Clavero Arévalo, quien siendo ministro inventó el café para todos, el relator mejor ha descrito la tesitura andaluza actual ante la reforma estatutaria: en una intervención en el Parlamento regional, hace unas semanas, explicó que los andaluces no se definen en su inmensa mayoría como nación -en esto tiene razón Javier Arenas-, pero que el porcentaje aumenta espectacularmente si lo que se pregunta es: «si Cataluña figura como nación, ¿cree usted que Andalucía también debe figurar así?». En definitiva, Clavero piensa que «si el Estatut catalán habla de realidad nacional, el Estatuto andaluz debe hablar de algo semejante. Si no es así, existirá una asimetría».

En otros términos, quienes otorgan relevancia a los significados tácitos u ocultos de las palabras y temen que bajo ellas pueda solaparse el germen de la división nacional deberían sentirse estimulados por la generalización -que supone dilución, desactivación- de los conceptos más punzantes y polémicos. Si todas las comunidades se definiesen como nacionalidades, este término sería evidentemente equiparable al de región (y eso ha sido lo que ha acabado ocurriendo). Después de todo, la lucha andaluza por la simetría no empieza ahora: en 1980, los socialistas andaluces ya decidieron que el Estatuto de su comunidad debía aproximarse en lo posible al catalán, para lo que la región habría de acceder al concepto de nacionalidad y el estatuto, previo referéndum, elaborarse por la vía del artículo 151 CE. Todo ello al margen de que, como ha dicho con comprensible sorna un portavoz socialista, es muy difícil de creer que Manuel Chaves y el PSOE andaluz abriguen la secreta intención de destruir la idea de España como nación.

Por lo demás, el nuevo Estatuto andaluz, que se halla a medio camino entre el nuevo Estatuto valenciano y la propuesta de nuevo Estatuto catalán, participa de la prolijidad de éste, incluye un listado de derechos sociales, imita la estructura competencial que utiliza Cataluña, refuerza la bilateralidad con el Estado, prevé una Agencia Tributaria andaluza y la creación de un consorcio de participación paritaria, al tiempo que detalla quince tributos cedidos por el Estado, establece un Consejo Andaluz de Justicia en términos muy parecidos a los del estatuto catalán... Evidentemente, deberían ser todos estos extremos, muchos de ellos vidriosos y casi todos susceptibles de jugosas controversias, lo que merecerían un debate real y profundo. Pero no: seguiremos absortos en las palabras abstractas, decididos los grandes partidos a seguir manteniendo a su alrededor una guerra galana, por fortuna incruenta pero muy poco grata a la ciudadanía que paga sus impuestos y que reclama eficacia y solvencia a sus representantes.