El presidente de la Comisión Pro Río de Orihuela (Alicante), José Antonio Muñoz Grau, presentó hoy una denuncia en la Fiscalía de Murcia por la supuesta "dejación" del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, en el asunto del robo de agua y afirmó que "no se ha modificado sustancialmente desde la época de Juan Cánovas", en alusión al anterior presidente del organismo de cuenca.

"Han pasado 2 años y, en aspectos muy concretos relacionados del robo del agua, no sólo entendemos que no se ha avanzado sino que entendemos que se podría estar en una situación peor", por lo que indicó que "no entenderíamos que Juan Cánovas estuviera imputado en el proceso y no Fuentes Zorita".

Al respecto, indicó que la intención de esta denuncia es que la Fiscalía, si estima "responsabilidad" por parte del la CHS, "lo incluya en el sumario que hay como imputado".

En este orden de cosas, explicó que lo más "alarmante" de la gestión de Fuentes Zorita, a lo largo de 2 años, es el hecho de que "no ha enviado a la Fiscalía ninguna de las denuncias que nos consta que hay, más de 100, por temas de robo de agua" por parte de la policía fluvial.

Además, también se refirió a la obligación de la organismo de cuenca de poner en conocimiento de la Fiscalía estas denuncia "porque las sanciones superan los 400 euros". "Todas las instituciones tienen la obligación de poner en conocimiento de la Justicia el conocimiento de cualquier delitos", recordó.

Así, Muñoz Grau señaló que "según la propia Fiscalía, en dos años, esto no ha pasado" y afirmó que esa "sensación de que no pasa nada" podría explicar, a su juicio, "que en estos momentos se haya aumentando el robo del agua".

También aludió a la desaparición de caudal ecológico "sobre todo en la parte final del río" y a la de "riegos tradicionales de gente con derecho sobre las aguas", a la par que hizo mención a informes de la Universidad de Castilla La Mancha, ministerio de Fomento y de la organización Adena "que es más independiente y en el que dice que se están aumentando entorno a las 6.000 hectáreas de regadío ilegal al año".

"Es un aumento de 40 hectómetros cúbicos que tiene que salir de algún lado: si no hay agua, porque no la hay, a alguien se la están quitando", aseveró.

Preguntado sobre por qué la Confederación no traslada esas denuncias a la Fiscalía, Muñoz Grau aseguró no entender por qué la CHS "ha optado por la vía administrativa, que es mucho más larga y no contempla el cierre cautelar, tan sólo unas multas mínimas", algo que consideró "una tomadura de pelo a los ciudadanos, en la situación extrema que se está viviendo".

Entre otros asuntos, también explicó que la denuncia presentada hoy contempla otros aspectos, como el hecho de que "todavía no se ha hecho una auditoría de la situación".

"Negativa" a una auditoría a la Scrats

Asimismo, criticó la "negativa", tanto por parte de la CHS como del ministerio de Medio Ambiente, "a hacer una auditoría a la situación del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats)", ya que "no hay control público sobre la distribución de esos canales".

Igualmente, Muñoz Grau cuestionó que los caudales de la margen izquierda "son controlados por funcionarios de la Confederación", mientras que los de la margen derecha "son controlados por empleados del Scrats, a la que se niegan a hacer una auditoría". "No entendemos esa discriminación que pueda haber en la forma de aplicar la Ley a unos y a otros", concluyó.