El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer inesperadamente algunos importantes cambios en la composición de su Gabinete en una crisis cuyo origen, como quedó evidenciado en las manifestaciones de los protagonistas, ha sido la decisión del titular de Defensa, José Bono, de abandonar el Gobierno y la política activa. La marcha de un peso pesado del Ejecutivo como el antiguo presidente de Castilla la Mancha, aspirante a secretario general en su día e influyente barón socialista, ha abierto un serio boquete en la estabilidad del equipo de Zapatero que éste se ha apresurado a tapar. La solución finalmente arbitrada por el presidente, con José Antonio Alonso en Defensa y Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior, garantiza la plena sintonía entre los dos Departamentos y entre estos y el propio presidente del Gobierno, a la vez que coloca al hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentaria en el delicado papel de muñidor del proceso de gestionar el alto el fuego de ETA. Este esquema plantea, sin embargo, un serio problema: por razones conocidas -especialmente por el papel agitador jugado por Rubalcaba en la jornada de reflexión del 14-M-, el nuevo ministro del Interior no tiene la confianza del PP, y así lo expresó Rajoy ayer, por lo que la recién iniciada aproximación entre Gobierno y oposición en torno a la gestión del alto el fuego de ETA puede verse afectada.

El otro elemento significativo de la crisis es el relevo en Educación. Y encaja con la opinión generalizada de que la ministra San Segundo no ha conseguido hacerse con su Departamento, hasta el punto de que la propia LOE tuvo que ser pilotada por técnicos de su ministerio y la propia vicepresidenta del Gobierno. La necesidad de poner en pie la nueva ley, que lleva aparejadas nuevas partidas presupuestarias, explica el relevo, que en cambio no ha tenido lugar en otros ministerios también considerados con un nivel de gestión por debajo del mínimo exigible. Zapatero, incapaz de retener a Bono, ha preferido, sin embargo, mantener la continuidad del resto del Gabinete y no abrir una crisis mas amplia. En varias áreas de la acción del Ejecutivo se ha perdido manifiestamente una gran oportunidad para haber realizado cambios que cargasen las pilas de un Gabinete que, salvo contadas excepciones, en 24 meses ha perdido buena parte de su crédito.

La marcha de José Bono en pleno ecuador de la legislatura es un desaire evidente a quien lo designó y encierra un tácito reproche al sesgo de un Gobierno con el que no compartía criterios en asuntos esenciales: ciertas reformas de corte radical y la conducción del Estatuto de Cataluña, entre otros. Igualmente, ha de haber influido en su marcha la constatación de que su carrera política en el seno del Ejecutivo y a las órdenes de Zapatero había concluido: no es verosímil que el PSOE, aun en la hipótesis de que perdiera las próximas elecciones generales, le llamara a la secretaría general. En consecuencia, Bono debía optar entre consumir el resto de su vida pública agotando la rutina actual, marcharse a casa o buscarse otro acomodo terminal en el que ganase cuotas de autonomía.

Zapatero no debería echar en saco roto las señales que el caso Bono trae aparejadas sobre el malestar que algunas de sus decisiones políticas han generado dentro de su propio partido. De momento, la disciplina y el temor a que la oposición se beneficie de los desmarques han evitado que las discrepancias vayan mas allá de un artículo en prensa o unas declaraciones inoportunas, pero si no corrige el rumbo, la contestación puede ir a más.