La disolución del Ayuntamiento de Marbella, aprobada ayer por Real Decreto en Consejo de Ministros como consecuencia de la abrumadora trama de corrupción descubierta en su seno, ha marcado el punto de no retorno de una situación que debe ser atajada en sus raíces para evitar que vuelva a encontrar terreno abonado para rebrotar. El hecho de que por insuficiencias del sistema general de financiación del Estado los municipios hayan de encontrar sus recursos preferentemente mediante las plusvalías de la venta y recalificación de terrenos y en los diferentes impuestos que gravan un sector -el de la construcción- que vive un imparable boom inmobiliario, explica buena parte del origen de la creciente corrupción que se detecta en bastantes de las localidades con mayor actividad constructora, especialmente las costeras. Sintomático es, desde luego, que el recién designado fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, haya reconocido en su primera comparecencia pública que en las costas españolas hay muchas otras localidades con problemas urbanísticos como los de Marbella, aunque «más atenuados».

Ante esta situación preocupante, se han formulado propuestas encaminadas a limitar las competencias municipales en materia urbanística, aun a costa de invertir en cierta manera el avanzadísimo proceso de descentralización que ha tenido lugar y que ha hecho imposible promulgar en el pasado normas -que sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP vieron frustradas por el Tribunal Constitucional- de intervención en la política del suelo. La convicción de que es imprescindible reexaminar el criterio de subsidiaridad en materia urbanística, privando de tal competencia a los pequeños municipios y reforzando la de los escalones autonómico y estatal, es tal que perfiles políticos tan diferentes como los de Mariano Rajoy y Alfonso Guerra han coincidido en la necesidad de que el Estado recupere mediante una reforma constitucional ad hoc algunas competencias, como el urbanismo o la gestión de grandes catástrofes. Pero en tanto se logran estos desiderátum, que requieren consensos globales hoy inviables, no cabe cruzarse de brazos. Lo ocurrido en Marbella ha puesto de relieve las posibilidades de depuración que residen en el Poder Judicial, convenientemente dotado y bien estimulado por la fiscalía, pero también el naufragio absoluto de la inspección fiscal, que ni siquiera intuyó lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, el reforzamiento de los medios de que dispone la Agencia Tributaria, el impulso que se le dé a la nueva fiscalía de Medio Ambiente y urbanismo, las mayores dotaciones de las fuerzas de seguridad del Estado y la potenciación del sistema judicial son imperativos urgentes si se quiere poner fin a un escándalo de dimensiones aún difíciles de calibrar.