Las comunidades autónomas evaluarán «el grado de interés, iniciativa o esfuerzo» del funcionario en su actividad profesional, así como «los resultados obtenidos» en ese análisis, según figura en el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público. En consecuencia, corresponderá a la administración territorial fijar, en su ámbito, las retribuciones específicas o complementarias del puesto de trabajo.

El Ministerio de Administraciones Públicas mantiene que se trata de una práctica frecuente entre las autonomías pero el Estatuto convertirá ese procedimiento habitual en una competencia fijada por ley. El titular del Departamento, Jordi Sevilla, prevé que el borrador de la norma vaya a Consejo de Ministros a finales de abril y, tras pasar por el Parlamento, entre en vigor a finales de 2006. El Estatuto Básico es una asignatura pendiente de la democracia y representará en el sector público lo que en el privado supone el Estatuto de los Trabajadores. El texto actual deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, etc., y a otros muy singulares como notarios o registradores de la Propiedad.