El Estatuto catalán que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, va a ser un semillero de conflictos y de futuros pleitos. No sólo supone una reforma encubierta de la Constitución, sino que genera graves problemas competenciales.

Este Estatuto es perjudicial para España, pero sobre todo es perjudicial para los catalanes. Es un Estatuto marcadamente intervencionista desde el punto de vista social y económico. Se establece un fortísimo control político sobre la sociedad civil.

Desde el preámbulo hasta el final de sus artículos, subyace el concepto de nación. Ya el preámbulo asume la definición como nación en los siguientes términos:

«El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ciudadanas y ciudadanos catalanes, ha definido de forma ampliamente mayoritaria, a Cataluña como una nación. La Constitución española, en su artículo segundo reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad».

El Preámbulo acude al fraude de hacer una interpretación auténtica del artículo 2 de la Constitución, equiparando el término nacionalidad al concepto de realidad nacional. Poniendo en conexión estos artículos con los siguientes, Cataluña se configura como un ente preexistente a la Constitución, cuyo autogobierno tiene una legitimidad anterior a ella.

Las palabras en las leyes tienen efectos jurídicos, y los mismos que hoy niegan consecuencias vinculantes al preámbulo, son los que, dentro de unos años, amparándose en esa definición exigirán el derecho de autodeterminación.

Así, en el Estatuto de 1979, en el articulo 1.3 se recoge que «los poderes de la Generalidad emanan de la Constitución, del Presente Estatuto y del Pueblo». Ahora, en el artículo 2.4, se suprime la Constitución como fuente del autogobierno de Cataluña.

Ignoran la constitución del 78. Esto supone una segunda transición, en la que no se ha consultado al pueblo español, queriendo dejar fuera a media España, y hurtando al pueblo español su soberanía, su capacidad de decisión.

En el Título I «de los derechos y deberes» se establecen hasta 27 artículos, rompiendo la igualdad de los españoles ante la Ley. Los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento vienen definidos en la Constitución y a ésta se acogen todos los Estatutos. El catalán establece una nueva regulación definiendo sus propios derechos y deberes, atentando veladamente contra la dignidad de la persona en algunos de ellos, diferentes de los generales del resto de los españoles. Por ejemplo, impone la lengua catalana como de uso obligatorio. ¿Cuántos catalanes ahora, como dice Serrat, decidirán hablar la lengua que le prohíben: el castellano?

Y como se autoproclaman nación, todo el texto está imbuido por esa supuesta realidad. Se empiezan a sentar las bases de un nuevo estado: Relaciones de bilateralidad con el Estado español, donde importantes decisiones estatales que afecten a Cataluña serán estudiadas en una comisión bilateral; las políticas estatales se decidirán bilateralmente, tales como la política de inmigración, de infraestructuras, energética, financiera, etc.; la soberanía de las Cortes quedará mediatizada y se atentará frontalmente contra el principio de solidaridad; se constituye el germen de un poder judicial propio, que tendrá su propio órgano de gobierno y contará con un Alto Tribunal que culminara todas las instancias y recursos; en cuanto a las relaciones internacionales, se conculca incluso la normativa comunitaria.

Se rompe el consenso constitucional. Se vulnera la igualdad de los españoles ante la ley. Se quiebra el principio de solidaridad. España adopta un tinte marcadamente confederal. Se fragmenta el Estado. Este es un momento clave para la política española. Pero, las aventuras no salen gratis. Europa está sacudida por tremendas convulsiones sociales, económicas y políticas, y sólo una España fuerte, podrá ser una voz fuerte en Europa. España no debe dejarse arrastrar en esa deriva desnortada, de políticos accidentales, que no saben a donde se dirigen. El Partido Popular nunca entenderá por qué un partido de carácter nacional como el Partido Socialista ha roto el consenso constitucional que durante muchos años ha proporcionado prosperidad, y bienestar a sus ciudadanos, para embarcarnos en una aventura que se inició con escasa demanda social entre los catalanes (la encuesta del oficial Instituto de Estadística de Cataluña señala que sólo el 3,8% de los catalanes consideran que el Estatuto debe ser una prioridad del Govern) creando un problema antes inexistente al que se le da una solución rupturista.

El Partido Popular está recogiendo el sentir de la sociedad. El Partido Popular quiere que la sociedad civil se involucre en la defensa de su soberanía, y la sociedad civil, que es la que debe oponerse a esta ruptura, se está manifestando (entre otras cosas, ya se han recogido tres millones y medio de firmas). Con ese empuje confirmamos nuestro empeño en la defensa del Estado de Derecho y de un proyecto común para todos los españoles.

Lourdes Méndez Monasterio es diputada nacional del PP por Murcia. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP.