El Ayuntamiento de Marbella ha sido literalmente una cueva de ladrones desde que Jesús Gil se convirtió en alcalde de la localidad en 1991. Tal evidencia se hizo manifiesta rápidamente, y el propio Gil la proclamó con su proverbial cinismo desde el primer momento: él y su equipo habían llegado a la política municipal para enriquecerse.

En los quince años transcurridos, las cosas han ido de mal en peor. Y por alguna extraña razón difícil de explicar, ningún Gobierno, ni los presididos por González entre 1991 y 1996, ni los encabezados por Aznar entre 1996 y el 2004, ni el de Zapatero formado en 2004, ha puesto fin radicalmente al escándalo. Porque según la ley de Bases de Régimen Local es el Gobierno de la nación el que ha de decidir por decreto la disolución «de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales», previo acuerdo favorable del Senado y tras informar al gobierno autónomo correspondiente.

Finalmente, el sistema judicial ha resuelto, parece, de forma abrupta y expeditiva el gran desaguisado, pero resulta incomprensible que los grandes poderes representativos del Estado no abortasen este escándalo antes de que la ilegalidad urbanística se consolidara hasta extremos tan brutales e irreversibles como los actuales.