Los ayuntamientos tendrán la obligación de reducir en dos años su temporalidad laboral y bajarla del 30 al 10%, según el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas líneas generales presentó ayer el ministro Jordi Sevilla. La norma, es un mandato constitucional, que el Gobierno piensa sacar adelante este año, pero para ello tendrá que abrir negociaciones con la casi totalidad de los grupos parlamentarios.