No hace falta ser adivino para ver que la reforma del Estatuto de Autonomía no está entre las prioridades del Partido Popular. Antes al contrario, da la impresión de que, obligados por la dinámica general del país, Valcárcel y su gobierno han tenido que entrar, casi a rastras, a considerar la revisión de nuestra norma institucional básica, y están haciendo lo posible por retrasar, cuando no detener, un proceso de reforma que no desean y que, sin embargo, resulta absolutamente imprescindible para poner al día nuestra Región y para abordar el futuro con las mejores garantías.

Desde septiembre del pasado año, en que se constituyó la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía en la Asamblea Regional, el trabajo desarrollado ha sido más bien escaso. Las dos comparecencias que ha habido, una del Consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, y otra del Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en su condición de Presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, constituyen un magro balance de la labor realizada por esta Comisión durante sus seis meses de existencia. A este ritmo puede que sean nuestros nietos quienes aprueben definitivamente la reforma.

Mientras tanto, las restantes comunidades autónomas han puesto mucho más interés y se han aplicado con bastante mejor disposición a la tarea. Veamos:

La reforma del Estatuto valenciano después de ser acordada por el Parlamento de aquella Comunidad ha sido ya aprobada por el Congreso de los Diputados y para entrar en vigor sólo necesita ser ratificada en referéndum por los valencianos.

Respecto a la reforma del Estatuto catalán, baste decir que se está retransmitiendo en directo prácticamente a diario por los medios de comunicación y que está siendo acordada en medio de un prolijo y minucioso proceso de discusión, tanto en Cataluña como en el resto de España; discusión en la que el Partido Popular no ha ahorrado propagar una elevada dosis de demagogia, con recogida de firmas incluida, cargada de referencias al apocalipsis que vendrá y a la ruptura de la unidad de la patria. Sin embargo, lo único cierto de todo ello es que la reforma que se plantea se ajusta plenamente a la Constitución, como acaba de reconocer el Tribunal Constitucional, que ha superado ya el trámite de ponencia en el Congreso de los Diputados y que ha iniciado también su debate en la Comisión Constitucional, tras lo que pasará a ser debatida por el Pleno del Congreso y, a continuación, será sometida a referéndum en Cataluña.

Las demás comunidades autónomas también están inmersas en la reforma de sus Estatutos de Autonomía, siendo Andalucía, Aragón, Galicia, Baleares y Canarias las que más han avanzado en ello y las que más cerca están de alcanzar un acuerdo en sus respectivos parlamentos autonómicos.

Sin embargo, en Murcia, mientras tanto, vamos a velocidad de galápago. El gobierno Valcárcel sigue sin hacer nada y a la espera de ver cómo actúan los demás. Sigue todavía preguntándose si debemos reformar o no, y sin decir ni pío sobre qué cuestiones y en qué medida deben modificarse, razón por la que el diálogo con el resto de partidos y organizaciones sociales, culturales, etc., sobre el alcance de la reforma, ni siquiera ha podido plantearse, y aparece en el horizonte aún como una pura quimera.

La reforma necesita un fuerte impulso. Los socialistas tenemos ya elaborado nuestro proyecto y lo presentaremos muy pronto. Pero, en este proceso, es el gobierno regional quien debe tomar la iniciativa. Y con un gobierno así, paralizado y carente de ideas propias, tan falto de ambición y objetivos, tan dependiente de lo que hagan los demás para obrar en consecuencia, tan incapaz de proyectar, por sí mismo, nuestra Región hacia el futuro, en permanente diálogo con el resto de organizaciones políticas, sociales y culturales. Con un gobierno así, repito, mucho me temo que no llegaremos muy lejos.

Basta ya de asustar a la gente con miedos infundados y falsas demagogias malintencionadas e inútiles. Desde las Cortes de Cádiz, la derecha española, a diferencia de la europea, siempre ha estado dominada por el sector ultraconservador, que invariablemente ha actuado con efecto retardado sobre la evolución general del país, oponiéndose de modo sistemático a las más elementales reformas, por pequeñas e imprescindibles que éstas fueran. Lo mismo viene ocurriendo desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que el PP ahora defiende como si sólo le perteneciera a ellos, pese a que muchos no la votaron porque consideraban que el Título VIII, relativo a la Organización Territorial del Estado, terminaría por destrozar el España.

Está claro que la discusión pública sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía está sirviendo para que los ciudadanos vean que hay unos partidos -la inmensa mayoría- que estamos trabajando por mejorar la convivencia de los españoles y del funcionamiento del Estado, dentro de la España plural que nació de la Constitución. Y frente a ellos, el Partido Popular, solo y aislado, e incapaz de superar su inmovilismo, dice que no a todo, fomenta el enfrentamiento entre ciudadanos y regiones y se afana en predicar el cataclismo.

Como acaba de reconocer el Tribunal Constitucional, la reforma de los Estatutos no significa una reforma encubierta de la Constitución, ni una quiebra de la unidad de España, ni supone la desaparición del Estado, ni plantea un cambio de Régimen, como dice el PP, sino que representa tan sólo un proceso de reforma del desarrollo del Estado de las Autonomías, consagrado en la Constitución de 1978, y se ajusta plenamente a ella. Por ello, cuando al final de este proceso estén reformados todos los Estatutos, incluido el de la Región de Murcia, todos los españoles habremos mejorado considerablemente nuestra capacidad de autogobierno y seguiremos manteniendo estables, al mismo tiempo, los principios de solidaridad y cohesión entre todos los territorios del Estado.



José María Marín Martínez es secretario de Política Institucional del PSRM-PSOE