Querido director:

Ciertamente, me ha extrañado la airada reacción de D. José Martínez, fiscal de Lorca, recogida como carta en La Verdad del 13 de marzo, a mi artículo descriptivo de días anteriores sobre el episodio de la urbanización Isla del Fraile, que nadie debiera considerar cerrado (salvo los que se han beneficiado escandalosamente de él, claro).

Desde luego, sé que las recalificaciones urbanísticas son responsabilidad y decisión del cuerpo político municipal, y es evidente que la técnico Dña. Carmen Martínez, hija del fiscal de Lorca, a la que aludo, es abogada y funcionaria (si esto no quedó claro en mi texto, que quede ahora claro), por lo que en ella confluyen funciones y responsabilidades claras y específicas, que no son de índole política.

El Sr. Martínez se sacude responsabilidades profesional-funcionariales, lo que a los ciudadanos de a pie debe sorprender, ciertamente; sobre todo porque él no se abstiene de señalar que si yo -ciudadano de a pie sin más obligaciones que las éticas y sociales, digamos, comunes- poseo datos constitutivos de delito en relación con ese caso, debiera haberlos denunciado ya. No es aceptable que al ciudadano ordinario se le atribuya la responsabilidad de que funcione bien la justicia, porque esto es, ciertamente, injusto (y a eso, a la urgente necesidad de que la justicia se despliegue con muchísimo más vigor y eficacia en el litoral, iba precisamente dedicado mi articulo, como es obvio para quien lo lea sin pasión). Pero en cualquier caso, y por lo que a mí respecta, me dirigiré en su momento al nuevo fiscal del TSJ de la Región de Murcia informándole de cuanto sé (lo mismo, presumo, que lo que sabe D. José Martínez) y, sobre todo, pidiéndole que no dé por cerrado y zanjado el caso Isla del Fraile.

Después de 32 años de militancia por los intereses públicos, ambientales y políticos en general, no creo que se me pueda acusar de practicar el descrédito de nadie, sea político o funcionario de cualquier tipo, y esto pese a que nuestra Región ha dado -y da- una profusa galería de personajes que válgame Dios.

Es evidente que mi texto llama a una triple responsabilidad: la política (de los políticos), la funcionarial (de los funcionarios) y la social (de todo el mundo, en función de su papel profesional y de su ética personal. Y hay episodios en que las tres cuentan y se mezclan, como éste de la Isla del Fraile.

La situación de escándalo general, in crescendo, en que se desenvuelve nuestro litoral y la preocupante expansión del modelo GIL debe a todos hacernos temblar, pensar y actuar. Ese horror ambiental y social hacia el que vamos nos obliga a todos a asumir responsabilidades; a todos, sí, pero a unos más que a otros (eso por descontado).

Pedro Costa Morata es profesor de la U. Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente.