Según una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, tan reciente como tardía, los ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos estarán obligados a dar a conocer su patrimonio. El Boletín Oficial del Estado divulgará las finanzas de los hombres públicos, que en general tienen un exquisito pudor y no suelen alardear de sus economías privadas.