Los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de efectuar sus propias investigaciones en torno a hechos noticiosos como el del 11 de marzo de 2004, pero los responsables políticos deberían distanciarse de actitudes basadas en suposiciones o sospechas que ponen en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la capacidad del sistema judicial para depurar las responsabilidades delictivas de la masacre terrorista de los trenes de Madrid. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha equivocado al entrar el juego de las suposiciones y poner bajo sospecha toda la instrucción judicial del 11-M.

No es cuestionable que lo sucedido el 11-M -la peor tragedia padecida por España a causa de una agresión terrorista- y la gestión informativa que de ello hizo el Gobierno influyeron en las elecciones del 14-M, pero una vez reconocida por el PP -explícitamente y sin reservas- la legitimidad de los resultados electorales, ya no tiene sentido apuntarse a tesis conspirativas que, con independencia de las manipulaciones de la opinión pública que pudieron tener lugar en vísperas de la consulta, ofenden al sentido común, carecen de fundamento alguno y suponen en su solo enunciado una desconfianza inaceptable en los servicios de seguridad del Estado y en los Tribunales de Justicia.

Este episodio coincide con el segundo aniversario de aquellos hechos, es decir, con el ecuador de la legislatura, y lo ocurrido parece acreditar que el PP no ha superado todavía completamente el doloroso trauma que lo llevó a la oposición. Y esta constatación es negativa porque el legítimo afán de escribir la historia con renglones derechos no debe ocultar que la gran obligación política y social de la primera fuerza de la oposición consiste en contribuir a construir el futuro, sin olvidar la memoria de las víctimas ni renunciar a esclarecer las circunstancias de los atentados, pero dejando la tarea en manos de la Justicia. Por respeto a las victimas del 11-M y, sobre todo, por honrar las obligaciones que los partidos tienen contraídas con toda la sociedad, la principal fuerza opositora ha de volcar todas sus energías en la mejora del proceso político y el fortalecimiento del régimen, en la noble lid con la mayoría política que debe ser democráticamente controlada y en superar viejos y profundos rencores que ya han contribuido bastante a enrarecer las relaciones políticas en estos dos años de excesiva y destructiva crispación.