España ha solicitado «unos días más» a la Comisión Europea para responder a su petición de información sobre la nueva normativa que amplía las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que debía enviar antes del viernes, anunció el ministro español de Industria, José Montilla.

En una rueda de prensa al margen del Consejo de ministros de Competitividad de la UE, Montilla recordó que el real decreto aún no ha sido aprobado por el Congreso, por lo que «sería poco lógico contestar a Bruselas antes de que haya debate en el Parlamento español».

La respuesta a Bruselas y el debate parlamentario deberían celebrarse «cuanto menos en paralelo», dijo el ministro, que agregó que la respuesta será enviada en un «periodo de tiempo muy razonable». No obstante, aseguró que pedir esa prórroga «en absoluto» quiere decir que haya dificultades y agregó que no hay ningún problema en «responder a todo lo que nos han preguntado».

El pasado día 3, Bruselas envió a Madrid una carta en la que solicitaba aclaraciones, con un plazo que concluye el próximo viernes, sobre ese real decreto-ley que reforzó los poderes de la CNE.El Ejecutivo comunitario considera que la nueva normativa, aprobada tras conocerse la opa de la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa, puede crear «obstáculos al libre establecimiento y a la libre circulación de capitales» y hacer menos atractivo el ejercicio de esos derechos.

Por su parte, el comisario europeo de Industria y Energía, el alemán Günter Verheugen, advirtió ayer a los Estados miembros de que, si quieren contar realmente con un mercado interior de la energía, tendrán que aceptar que las empresas europeas del sector se fusionen. En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Competitividad, el comisario avisó también de que el Ejecutivo comunitario ejercerá su papel de guardián de los Tratados y de que, si no se respetan las libertades fundamentales, incluyendo la de movimiento de capitales,«Y no dudará en actuar», añadió.

Con el telón de fondo de las decisiones de los gobiernos de España y Francia para frenar ofertas públicas de adquisición (OPA) dirigidas contra empresas nacionales, Verheugen explicó que «todos los proyectos de fusión y adquisición serán objeto de decisión de la Comisión».