Un periódico de Madrid recogía en exclusiva una aventura singular promovida por Interior: 25 subsaharianos sobre los que recaía orden de expulsión, acompañados por una treintena de policías, viajaron en un avión fletado por el Ministerio y alquilado a Air Europa hasta Guinea Bissau. Pero allí nada sabían de esta remesa de africanos y, pasadas unas horas, el avión tuvo que regresar a Madrid, donde los inmigrantes fueron puestos en libertad tras haber concluido el plazo de 72 horas de retención sin cargos que permite la legislación vigente. Este error burocrático ha costado al erario público unos 100.000 euros, pero eso no es lo más importante: lo grave es que, según todos los indicios, en nuestro país no existe una verdadera política de inmigración. Ni consensuada con la oposición ni propia del Gobierno. Se está improvisando y faltan medios para gestionar el asunto en términos en los que tenga sentido habla de control o de integración. Y la percepción de la opinión pública según todas las encuestas es bien explícita: la inmigración es ya un problema, que puede irse fácilmente de las manos si no se gestiona adecuadamente.