Todo el país está pendiente de la suerte de la pequeña catalana que se debate entre la vida y la muerte a consecuencia de una paliza de su padrastro, y a pesar las investigaciones comenzaran teóricamente mucho antes, a raíz de otra supuesta agresión padecida por la misma niña en diciembre pasado.

La denuncia del hospital por esta primera agresión -la niña tenía un brazo roto- se presentó en el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona el 18 de diciembre. El 24, seis días después y en plenas fiestas navideñas, el juez envió por correo ordinario una orden de investigar lo ocurrido a los Mossos d'Esquadra. La orden llegó a su destino el 10 de enero.

El resto de la historia es también rocambolesca pero prescindible a estos efectos. Lo gravísimo es que el titular de un juzgado, ante la noticia de que una menor está siendo objeto de agresiones físicas, tarde seis días en adoptar alguna decisión... y resuelva actuar mediante una orden que se envía... por correo ordinario. ¿Es posible imputar este escandaloso fracaso del Estado de Derecho a un inocuo exceso de burocracia o hay que hablar, en términos mucho más duros, de imprudencia culposa, de incapacidad y de falta de profesionalidad, carencias que deberían generar graves y directas responsabilidades en todos los sentidos?