Cándido Conde-Pumpido comenzó su comparecencia en la Cámara Baja con una velada referencia a la negativa del presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, a acudir el martes al Congreso para explicar la «aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo». Sin citar una sola vez a Hernando, el fiscal general de Estado quiso dejar claro que, en su opinión, «cualquier poder público, sea cual sea su función o el lugar que ocupe en la estructura de poder del Estado, tiene como primera y más sagrada obligación responder ante los ciudadanos».

El jefe del Ministerio Público consideró que «es en esta sede parlamentaria, ante quienes ostentan la representación directa del pueblo, donde mejor puede y debe hacerse presente esa responsabilidad, así lo aprendí como jurista y lo vivo como demócrata». De esta forma, el fiscal general señaló que «no es concebible ningún poder ni función pública sin legitimación social, y en democracia toda legitimidad sin excepción emana de la voluntad de la ciudadanía, que precisamente está aquí representada».

En esa línea, Conde-Pumpido se mostró dispuesto a acudir a dar explicaciones al Congreso «cuantas veces sea necesario», con un solo requisito, «dentro de los límites que la ley me marca».