La vivienda es prácticamente es la única riqueza de la que disponen la mayoría de los jubilados españoles. En total son más de un millón los mayores de 65 años que residen solos en una casa de su propiedad mientras que otros dos millones conviven con sus parejas. En ambos casos, sus exiguas pensiones les plantean serios problemas para llegar a fin de mes. Así, paradójicamente, son ricos en patrimonio, ya que poseen vivienda propia pero carecen de liquidez para afrontar los gastos diarios.

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, explica en una entrevista para la revista Vivir con Júbilo, que «en España ha existido desde hace muchos años una política económica que ha favorecido la adquisición de viviendas, lo que concentra el 90 por ciento de la riqueza familiar mientras que sólo un 10 por ciento se dedica a activos financieros».

Por otra parte, apunta que el ahorro ha caído en los últimos años. Aurelio Martínez considera que esto se debe en parte a que los padres dedican mayores esfuerzos económicos a ofrecer a sus hijos la mejor educación posible y medios para que salgan adelante. En la actualidad, los padres ya no ahorran para dejar a sus hijos una herencia, sobre todo por que la mayor esperanza de vida hace que ese momento se alargue en el tiempo y la transferencia del ahorro a las generaciones posteriores ha perdido buena parte de su significado.

El problema es que todo lo que cuentan para subsistir es el ingreso de sus pensiones que, en muchos casos, se sitúa entre los 330 y los 430 euros mensuales y, alrededor de 1.000 los ingresos conjuntos de quienes viven en pareja.

Soluciones

Ante esta situación, en la que los mayores de 65 años siendo teóricamente ricos porque poseen una casa apenas pueden mantenerla con sus bajos recursos, han empezado a surgir nuevas soluciones.

Las entidades financieras están ofreciendo respuestas a las actuales necesidades a través del lanzamiento de nuevos productos como es el caso de los denominados préstamos hipotecarios inversos.

Esta fórmula consiste en prestar una cantidad mensual a los poseedores de una vivienda, contra la garantía de dicha propiedad, durante un largo período de tiempo. La cuantía mensual puede ser fija o variable, hasta un tope máximo anual. De este modo, el propietario pide un préstamo al banco que le va restando valor a su vivienda, aunque puede seguir residiendo en ella. Cuando fallece, los herederos deciden si quieren saldar la deuda con la entidad financiera para quedarse con la vivienda, venderla para pagar el préstamo o llegar a algún otro acuerdo con el banco.