El Estatuto de Cataluña situará en plano de igualdad el término nación, empleado por el Parlamento autonómico para definir a su comunidad, y el de nacionalidad recogido en la Constitución. La ponencia, que durante el último mes ha analizado el proyecto en el Congreso, concluyó ayer sus trabajos con la aprobación de un polémico preámbulo, pactado entre el PSOE y CiU, en el que se reconoce la «posición singular» de la Generalitat en España, consecuencia de los «derechos históricos» del pueblo catalán, y en el que se recogen las dos definiciones de Cataluña, nación y nacionalidad. El texto contó con el voto en contra de ERC, que lo considera insuficiente, y el del PP que lo cree inaceptable.

No obstante, la postura de ERC sigue en el aire. Anoche, tras la reunión de su ejecutiva, decidieron entregar al PSOE un documento con cuestiones mínimas a incluir en el texto. «Si el PSOE se mueve, nosotros también lo haremos», señalaron desde ERC.

El preámbulo, terminado de redactar ayer mismo, sustituye al aprobado por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre. Aquél no sólo definía a Cataluña como nación de forma directa, sino que además asentaba el derecho de sus ciudadanos a «determinar libremente su futuro» como pueblo. Los socialistas apreciaban en esta frase una apelación al derecho de autodeterminación y decidieron eliminarlo del texto definitivo, con el consiguiente disgusto de los independentistas de Esquerra Republicana.

La versión pactada con CiU, y secundada por Iniciativa per Catalunya, suprime además tres de los diez puntos básicos del prólogo anterior: «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional»; «El derecho catalán es aplicable de forma» preferente; y la consabida de «Cataluña es una nación». Este aserto queda sustituido por el párrafo con el que concluye el texto: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad».

Los preámbulos de las leyes carecen de valor normativo; pero lo que no está tan claro es si tienen o no tienen fuerza jurídica, una cuestión muy debatida. Lo cierto -como se encargó de apuntar el portavoz socialista Diego López Garrido- es que no son recurribles ante el Tribunal Constitucional porque se consideran simples «referencias interpretativas» de los textos legislativos a los que acompañan.

El PSOE defiende que la formulación acordada para el Estatut es plenamente respetuosa con la Carta Maga. No en vano, dicen, «reitera y revalida» el artículo 2 de la Constitución, el mismo que habla de la «indisoluble unidad de la nación española». López Garrido admitió aún así, que este texto deja la puerta abierta a múltiples «interpretaciones» sobre si Cataluña es o no una nación.

Las fuerzas catalanas -incluido el PSC y con la salvedad del PP- aseguraron que no hay duda que valga. El presidente de CiU, Artur Mas, indicó que este Estatuto es la «prueba del nueve» para demostrar que los constituyentes hablaron de 'nacionalidades' porque no se «atrevieron» a decir naciones. Por eso, dio la razón a los 'populares' en que gracias a la reforma estatutaria «nación y nacionalidad quedan equiparadas», pero se la quitó en que esto «haga saltar» la Carta Magna. El buen ánimo de convergentes y socialistas era ayer evidente. Los nacionalistas catalanes, a través de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se felicitaron por diez objetivos conseguidos: el ya mencionado «reconocimiento de Cataluña como nación»; el reconocimiento de los derechos históricos como uno de los elementos en los que se ampara su autogobierno; la equiparación del catalán y el castellano; la instauración de un modelo territorial propio con la sustitución de las diputaciones provinciales por las veguerías; un sistema judicial «compartido con el Estado»; el blindaje del autogobierno mediante la descripción exhaustiva de competencias; «más y mejores competencias» en inmigración e infraestructuras; una relación bilateral con el Estado; presencia en la UE , y un nuevo marco de financiación.

Con todo, quedan aún cinco asuntos pendientes de resolver, y ni el PSOE ni las formaciones catalanas parecen dispuestas a dar su brazo a torcer. La principal es el traspaso del aeropuerto del Prat a la Generalitat. Pero también que Cataluña sea circunscripción electoral en los comicios europeos, la participación de la selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales de carácter oficial, el apelativo de nacionales para los símbolos catalanes -bandera, himno y demás- y la gestión de los paradores nacionales.

Documento de mínimos

Por su parte, los independentistas de ERC esperan un gesto del Gobierno que les permita corregir el rumbo y cambiar el sentido de su voto. Carod-Rovira dejó claro que en ningún caso darán el si a un proyecto que ya consideran «desdibujado», pero aseguró que la abstención es posible siempre que los cabos que quedan pendientes se resuelvan de forma satisfactoria.