El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo procesará antes del próximo 10 de abril a los presuntos autores de la matanza del 11-M, en la que perdieron la vida 192 personas y más de 1.700 resultaron heridas después de que una célula islamista atacara con bombas cuatro trenes de cercanías en Madrid. El magistrado anunció ese inminente procesamiento, paso previo a la celebración del juicio oral, en nueve autos dictados ayer con los que prorroga el encarcelamiento preventivo de los principales sospechosos.

El auto de procesamiento pondrá fin a la instrucción y aclarará cuántos de los 116 imputados en este sumario -de los que 35 están en la cárcel- se sentarán en el banquillo por su participación en la masacre. El pasado 31 de enero, el Consejo General del Poder Judicial urgió a Del Olmo para que termine su investigación. Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Audiencia Nacional, expresó también su preocupación por la «lentitud» del proceso. El juez, que desde abril de 2004 se dedica sólo a este caso, afirmó en sus autos de ayer que la investigación se ha «dilatado» por su «complejidad».

Riesgo de fuga

En las resoluciones, Del Olmo amplia hasta el máximo legal de cuatro años la estancia en prisión de nueve acusados -Jamal Zougam, José Emilio Suárez Trashorras, Fouad el Morabit, Rachid Aglif, Abdelilah el Fadual, Basel Ghayoun, Rafá Zouhier, Hamid Ahmidan y Otman el Gnaoui-.

El magistrado justificó su decisión en que los imputados están «inmersos en un procedimiento de gran complejidad y de especial gravedad en España». Destacó que todos, salvo el ex minero asturiano Suárez Trashorras, son extranjeros y carecen de arraigo en España para considerar que no hay riesgo de fuga, y además mantienen vínculos «afectivos, culturales e idiomáticos» en sus países de origen. En el caso del ex minero, dice que hay riesgo de que vuelva a delinquir por el entorno «íntimamente relacionado con las redes delincuenciales» en que se desenvuelve.

Del Olmo subrayó que los nueve imputados tienen relación con una organización terrorista de alcance internacional, cuyo nombre no precisó, que «puede proveerles de los medios necesarios para eludir la acción de la Justicia». En ese sentido, señaló que la red de la que forman parte «supera el marco de las fronteras estatales» y sus tácticas son suicidas e indiscriminadas.

Dos de esos autos, los referidos a la situación de Jamal Zougam y Fouad El Morabit Amghar, explicaron que la instrucción del sumario «ha permitido aflorar» una estructura internacional con ramificaciones en España, Bélgica e Italia, entre otros países, «que se ha mostrado muy activa, no sólo en su labor de propaganda radical islamista y en el proselitismo de nuevos adeptos para ser enviados a las zonas en conflicto como Irak, sino en su capacidad para crear presuntas células terroristas a nivel local» destinadas a llevar a cabo acciones como la masacre del 11-M.

En esa estructura ramificada, «el factor personal nacional como aglutinante ha sido superado, al enmarcarse las redes en una estrategia salafista-yihadista» internacional que podría servirse de los entramados creados por grupos terroristas. De ellos obtendrían facilidades para trasladar, cobijar y proteger a sus miembros, así como dinero y documentación falsa para huir tras cometer los atentados.