Cuando el delegado del Gobierno señaló a Campos del Río como posible ubicación de la nueva cárcel regional, muchos apostaron por el municipio por la consonancia política entre ambas instancias. Pero el alcalde, Ricardo Valverde, puso ayer un claro límite a los planes ministeriales: la voluntad de sus vecinos.

«Tienen que hablar con nosotros y tenemos que valorar sus pros y su contras, teniendo en cuenta siempre el interés general», explica Valverde. El concejal de Urbanismo, Juan Luis Peñalver, apunta que «no estaría bien que no se contara con el pueblo para tomar esta decisión».

¿Podría haber marcha atrás en la decisión de Instituciones Penitenciarias si el pueblo se enfrenta a ella con el respaldo del alcalde? «No sé si podríamos bloquear la decisión del Gobierno central, pero no creo que nos impongan nada», puntualiza Valverde, que se guarda así una baza en esta larga partida.