«La ley de Identidad de Género nos encamina hacia el fin de la discriminación legal que sufrimos», asegura Carla Antonelli, coordinadora del Área Transexual del Partido Socialista Obrero Español. La norma establece el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil y en el DNI sin que el transexual se haya sometido a una operación quirúrgica «La realidad es que el 50% de los implicados no puede acceder a esta cirugía, por razones de salud, edad...». A su juicio, se trata de la legislación más avanzada del mundo: la inglesa, la más progresista hasta la fecha, exige dos años para el cambio de documentos.

La principal implicación radica en el acceso laboral. Aunque no se han realizado censos, calcula que un 70% de las mujeres transexuales ejerce la prostitución. «Y aquí el machismo también influye: una persona nacida biológicamente mujer que se reasigna a ser hombre sube un escalafón; el hombre que quiere ser mujer, lo baja».

La respuesta de la diferentes comunidades autónomas ante este problema ha sido diferente. Aragón ha anunciado que asumirá los costes del cambio de sexo y Cataluña creará una unidad específica de salud, aunque no asume su total financiación. «No se sostiene que el tripartito de izquierdas no lo haga», lamenta. En Andalucía ya lo paga la Seguridad Social.

También la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está trabajando en una norma global que solucione los problemas de ubicación de presos transexuales antes de que la ley entre en vigor.

Además, Antonelli demanda una formación escolar sobre la transexualidad. «Enseñar el respeto a la diversidad es la mejor manera de evitar la homofobia y la transfobia», dice.