Pasada más de una década desde que el Partido Popular alumbrara al Gobierno del municipio de Murcia y dejara asombrados a muchos ciudadanos ante la máquina de crear nuevos mitos -la murcianía, la convivencia de culturas, el urbanismo cultural- difícilmente creíbles y levantados a base de repetirlos. Pero ha llegado la hora punta de desenmascarar alguna de estas construcciones ideológicas, más propias de un sistema político totalitario que de las ideas y los deberes de la democracia: participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y transparencia en la gestión de los mismos. Ni lo uno ni lo otro está presente en la ética del gobierno municipal. Es más, la conciencia utilitaria del poder ha llegado a simplificar tanto la imagen que de nuestra ciudad y su entorno tendríamos que poseer los vecinos de Murcia, que, a juicio de Cámara y sus concejales, vivimos en una comunidad idílica, sometida al crecimiento constante. Pero este modo de gestionar el futuro de la ciudad deja abundantes secuelas, no perceptibles de forma neta, todavía, pero que se presentarán de forma más o menos inmediata,
El área de Bienestar Social, de la que tanto presume en gasto nuestro alcalde, está sufriendo los embates de la ideología neocon que sustenta el gobierno municipal. Dos casos ilustrativos son el funcionamiento de las Bibliotecas Públicas y de los Centros Culturales Municipales.
Cuando el Partido Popular llegó a la alcaldía de Murcia adoptó dos decisiones políticas relevantes: la supresión de los Consejos Municipales de Cultura y Festejos y de Servicios Sociales. Desde entonces, ningún otro mecanismo de participación ciudadana en asuntos sectoriales se ha puesto en marcha. Los consejos asesores creados a continuación, con el fin de laminar la mala conciencia o colocar a personas y grupos afines, nunca ha representado nada, ni han funcionado tras los dos primeros años de gestión popular. Este trazo relacionado con la participación ciudadana ha concluido, recientemente, con la promulgación de un Reglamento de Participación Ciudadana que se ocupa de cualquier cosa menos de la razón que se halla en la esencia de su título: oscuro, legalista, restrictivo. En los últimos tiempos hemos asistido, con asombro, a un cambio de timón brutal en la prestación de los servicios de Bibliotecas y Centros Culturales. Mientras que en las primeras ha habido un incremento de unidades de tres, en los segundos, las unidades se han incrementado en más de 25, y hasta aquí nos congratulábamos de la continuidad de una política iniciada por los socialistas. Parece haber llegado el punto de inflexión en la forma de gestionar estos recursos imprescindibles para el desarrollo social y cultural de barrios y pedanías y para fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Ustedes, señores del Partido Popular, han decidido apostar por rebajar la calidad de los servicios, desatendiendo unidades, sin funcionarios al frente que los organicen, entregando las llaves a pedáneos y asociaciones afines, o, simplemente, dejando languidecer la actuación hasta justificar medidas de reducción de gasto. Para ello, entregan la gestión, o buena parte de ella, a empresas que, a su vez, contratarán, en el mejor de los casos, a profesionales mal pagados y en situación de eterna precariedad. De este modo, que a día de hoy afecta al menos a doce pedanías y barrios de nuestro municipio, desde Espinardo a El Raal, desde Corvera a Lobosillo, habrá pedanías que contarán con servicios de primera -con funcionarios en dedicación exclusiva - y otras habrán de conformarse con los servicios -siempre inseguros- de los contratados de turno. Este asunto, pese a que se quiera explicar de otro modo, conduce a minorar la calidad de los servicios (bibliotecas y centros) disfrazándose de ahorro para los ciudadanos. No hay peor distracción de la realidad que ésta.
Los socialistas abogamos por el empleo público en estos ámbitos, y en todo caso en condiciones de estabilidad. Hay que retomar órganos de gestión públicos que garanticen que bibliotecas y centros culturales prestan servicios a los ciudadanos libres ¿No preconiza el alcalde que estamos a la altura de cualquier ciudad de nuestro tamaño, siendo la séptima de España?. Pues mírese en Vitoria, en Córdoba, en Gijón, en Zaragoza, en Valencia Piense en el valor añadido de la cultura como un beneficio social y no como algo que causa problemas de gestión. Para nosotros, este es un rango político de primer orden.
Por último, dejen de poner en medio a los profesionales, no se escuden en ellos, no les impliquen en decisiones políticas que sólo ustedes, señores del gobierno municipal, tienen la responsabilidad. Han puesto tan bajas su capacidad y posibilidad de promoción en el empleo, que la consecución de un horario mejor se ha convertido en un éxito.
Marisa Guerrero Villena es concejal del Ayuntamiento de Murcia