Un descenso a los infiernos de lo público y lo privado tiene un punto de escalada en el emblemático edificio de la Gran Vía de Murcia, sede del antiguo Banco Exterior de España, que atrae cada vez más como un imán toda clase de insinuaciones de supuesto pelotazo y de interrogantes sobre la sociedad cooperativa que está construyendo 24 viviendas de alto standing en el corazón de la capital. Digamos de entrada que la presión ambiental y el peso de la popularidad sobre el edificio crece a tal velocidad -en esta atmósfera sobrevenida de cemento y ladrillo- que algunos propietarios ven hasta con alivio que se publique con pelos y señales los avatares de tan codiciado -ahora- inmueble. El apetito de la general curiosidad y envidia no sería tal de no aparecer, entre sus 24 socios, el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel.

Éste dio a conocer el jueves en La Verdad que entre su patrimonio figura su condición de cooperativista en este inmueble, que piensa pagar con la venta de su hogar actual, situado pared con pared con el nuevo. Hasta lo averiguado de primera mano, los únicos políticos en esta cooperativa son Valcárcel; el concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya Angeler; y el concejal de Urbanismo de Lorca, Josías Martínez Fajardo, este último del PSOE. Un motivo que puede explicar por qué quizás la Ejecutiva socialista no han entrado en picado contra el cooperativista Valcárcel y el famoso edificio.

La mayoría de la sociedad está formada por un núcleo lorquino que promovió inicialmente la operación inmobiliaria; dos notarios, un magistrado de la Audiencia, tres médicos, un economista, un abogado y dos empresarios. (omito los nombres). Para ir acotando, Valcárcel cuenta en el edificio con una vivienda de unos 260 metros cuadrados útiles situada en la sexta planta (sin ático), por la que abonará unos 100 millones de pesetas, una vez incluidas las derramas; ya que inicialmente, cuando entró en la sociedad hace unos tres años, barajaba un precio de unos 75 millones. Otros propietarios, con 160 metros cuadrados, pagarán un chollo de 25 millones; cosas del reparto y de la venta de los bajos.

COMPRA A METROVACESA

Desembolso de 2.400 millones

Nace la historia a principios del año 2001, cuando Metrovacesa, la sociedad que promueve y construye el gran complejo de ocio y comercial en la avenida Juan de Borbón, compró el edificio de 7.000 metros cuadrados (seis plantas, entresuelo y vestíbulo) al Banco Exterior de España. El objetivo era construir una gran galería comercial y oficinas. Metrovacesa sin embargo lo puso a la venta al año siguiente -incluso a través de Internet-, y fue un grupo llegado de Lorca el que se interesó, capitaneado por un reconocido gestor experimentado en la creación de cooperativas. Otras inmobiliarias principales e importantes de la Región rehusaron entrar porque el edificio estaba ocupado por inquilinos que a la postre podían presentar dificultades. En concreto, tres plantas estaban alquiladas a la Confederación Hidrográfica del Segura. La cooperativa pagó 2.400 millones de pesetas a Metrovacesa, e incluso suscribió un préstamo solidario por 800 millones. Quienes entraron -cuentan varios propietarios- arriesgaron porque no sabían a ciencia cierta a qué precio final se iban a enfrentar una vez rehabilitado el edificio. Valcárcel, coinciden las mismas fuentes, entró con posterioridad a la compra, de ahí su condición exacta de no socio propietario.

Se llegó a acuerdos con varios inquilinos, pero otros como la Confederación prefirieron agotar el periodo de alquiler; y de hecho no abandonó los locales hasta el verano pasado. La cooperativa optó por la prudencia viendo que Fuentes Zorita estaba al frente del organismo de cuenca; aunque hubo un tira y afloja para que la Confederación llamara al camión de mudanzas.

MOYA INVITA A VALCÁRCEL

100 metros más de vivienda

Es el concejal Moya Angeler quien invita a Valcárcel a entrar en la cooperativa. Le presenta al gestor. El presidente y su mujer toman un café en casa de Moya. Se interesan por las condiciones y por la particularidad de que está pared con pared con su hogar actual. No necesitan ni camión de mudanzas. Hablan de un precio aproximado de 75 millones por cien metros cuadrados más de los que ahora disponen en su vivienda, que ocupan desde hace 16 años. El matrimonio Valcárcel hace cuentas y cree que puede sacar un precio aproximado por su casa actual. También está a punto de terminar de pagar el préstamo del chalé de la playa. Más consultas con una caja de ahorros para estudiar un nuevo préstamo hipotecario, si es necesario, para hacer frente a las derramas que vengan después. Se decide y entra. Hasta ahora, Valcárcel no ha acudido a ninguna reunión. (Contar estos detalles, que cualquier ciudadano preserva como íntimos, bordea las cloacas del periodismo).

Los mismos propietarios consultados por La Verdad coinciden en que la única deferencia de la cooperativa hacia la familia Valcárcel ha sido dejarle elegir -a él y al gestor- la vivienda del inmueble; sobre la base de unos criterios que premian o penalizan el precio de la vivienda según su ubicación (que asome o no a la Gran Vía, las dimensiones y la altura, principalmente).

Los coeficientes se ciñen a 700 metros cuadrados por cada planta, que corresponde a una medida de unos 150 metros por propietario; aunque unas plantas tienen tres viviendas y otras cuadro; ya que la distribución interior del edificio está condicionada a la conservación de la fachada y, por tanto, a la estructura y los huecos de las ventanas. Ramón Luis Valcárcel y su mujer optan por unos 260 metros útiles en la sexta planta. El resto de propietarios entró en un sorteo.

LA VENTA DE LOS BAJOS

La lotería del negocio

Algunos cooperativistas -pese a sus posibles- respiraron tranquilos cuando se produjo la venta de los bajos comerciales, lo cual hizo que se abaratara el coste final. La cooperativa nombró una comisión encargada de buscar a un comprador. En el año 2003 esa comisión llegó a un preacuerdo con el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía (a la postre el mismo de la polémica finca de La Zerrichera de Águilas). La asamblea de socios creyó que dicha comisión se extralimitó en sus funciones; a lo que se unió el hecho de que otro grupo de cooperativistas tenía en cartera otra operación que consideraban más ventajosa con el Grupo Zara, relatan varias fuentes.

Se deshizo entonces el preacuerdo con el Grupo Hispania, ya que un grupo de 16 cooperativistas optó por comprar los bajos por 2.000 millones de pesetas a la propia sociedad, que vio de esta forma cómo bajaba considerablemente la aportación de otros propietarios. De ahí el chollo, según algunos; que al final podía no haber resultado tal negocio. Estos bajos serán ofrecidos como alquiler a Zara por una suculenta cantidad mensual. Valcárcel no se encuentra en ese grupo selecto de pudientes e inversores. Y puesto que se le consideraba ajeno a la cocina de la cooperativa, se le atribuyó al parecer un papel de interlocutor para resolver el conflicto interno, ya que se pensó que el tal Trinitario era un amigo de la infancia que responde al nombre de otro empresario murciano. El equívoco se resolvió cuando comprobaron que era otro Trinitario, según cuentan. A todo esto, el interés del Grupo Hispania por La Zerrichera se plasmó en un convenio con el Ayuntamiento de Águilas en febrero del 2004. Visto ahora, la combinación habría resultado cuanto menos incómoda si Trinitario Casanova hubiese culminado la operación de los bajos comerciales, o fuera propietario de éstos. Eso no ha evitado rumores al caso.

EL PERMISO MUNICIPAL

Rehabilitación y áticos

Cuentan que el Ayuntamiento de Murcia, a través de sus técnicos, ha puesto «todo tipo de pegas y celo» a la rehabilitación del edificio, que finalmente obtuvo el visto bueno de la Junta de Gobierno en junio del año pasado. Se podía haber demolido, pero se optó por la rehabilitación de la fachada y la reordenación del volumen interior. Los cooperativistas aseguran que no se ha modificado la estructura añadiendo áticos; y también que Moya Angeler no votó en las comisiones por donde pasó este proyecto, que sus propietarios consideran «absolutamente limpio». Eso no impide que la operación inmobiliaria siembre toda especie de comentarios sobre presuntos favores, sospechas, admiración y envidias. Aquí lo público y lo privado tiene una raya excesivamente fina. Y mucho morbo.