El proyecto de Estatuto de Cataluña continúa su plausible proceso de racionalización en el seno de la ponencia, en la Comisión Constitucional del Congreso. Y las fuerzas políticas que conducen el acuerdo han dado un paso más en la dirección correcta y en un asunto de suma delicadeza que ha generado además encendida polémica: el «conocimiento suficiente» del catalán será un mérito pero no un requisito para los jueces que aspiren a ocupar una plaza en Cataluña. La compartimentación de la administración judicial por razones lingüísticas no era, efectivamente, de recibo con la Constitución en la mano, que sí permite en cambio que la descentralización de la Justicia convierta al Tribunal Superior de Cataluña en la última instancia jurisdiccional, lo que reservará al Tribunal Supremo la alta misión de la unificación de doctrina. Despaciosamente pero a un ritmo apreciable, el texto indigerible que salió del Parlament está siendo moderado y acomodado a las exigencias del sentido común y del ordenamiento constitucional. El PP no debería hacer como si nada ocurriese: cada vez es más insostenible su postura obstinarse en el error.