Cuando se trata de evaluar la bondad de un sistema productivo, de un régimen económico laboral, la magnitud más apreciada (y socorrida) es la tasa de empleo y paro, aún siendo evidente que proporciona una información muy parcial, y hasta sesgada: omite toda precisión sobre la penosidad y la calidad del ambiente de trabajo, la carga de esfuerzo -físico o mental-, la peligrosidad, el prestigio social asociado, el entramado de relaciones de poder y cooperación en que se desenvuelve, etc. Una parte del éxito social del neoliberalismo, en sus distintas versiones, se ha basado en vender la idea de que para la creación de empleo vale todo, enfatizando la supervivencia individual en detrimento del interés colectivo. Sin embargo, aceptar que el espacio de debate de una política económica y laboral determinada se reduzca a la creación de empleo es una discutible apuesta social: de manera recurrente, las políticas de empleo se han venido orientando hacia una reestructuración de los derechos laborales, saldándose fatalmente con una minoración de éstos. La elasticidad del binomio creación de empleo/demandas sociales sufre, y se resquebraja por el lado más débil.

La probidad de nuestro sistema es puesta en entredicho, cotidianamente, por la negra estadística de siniestralidad, un desdichado palmarés para nuestras empresas que, un día tras otro, engrosa las páginas e imágenes de los noticiarios. El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene es antes la norma que la excepción, y aunque las causas de los accidentes de trabajo puedan ser varias, las más habituales comprometen cuestiones básicas de organización y derechos laborales.

«Un albañil cae de un techo, muere, y ya no almuerza/ ¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?», reza el poema fieramente humano de César Vallejo, como premonitoria denuncia del sector profesional de más acusada labilidad ante el azote de la mortalidad en el trabajo.

Aquellos sectores en los que las empresas se fragmentan en múltiples unidades, y así difuminan la capacidad de control social de cuestiones básicas: seguridad, salarios, condiciones contractuales, calidad productiva, etc., resultan especialmente vulnerables. Sin duda, la subcontratación (sistema por el que medianas y grandes empresas controlan a escala local, regional o estatal, la mayoría de los grandes contratos, que después son ejecutados por segundas, terceras empresas, hasta culminar en un último eslabón, representado frecuentemente por un sencillo autónomo de ignota solvencia) y la precariedad o temporalidad generalizada en el empleo, son causas estrechamente asociadas a las altas cotas de accidentalidad, en ocasiones contrarrestadas con meras operaciones cosméticas (como, por ejemplo, cuando se ha pretendido no contabilizar los percances ocurridos at itínere, a sabiendas de que la movilidad territorial de los trabajadores está intrínsecamente unida al modelo de despliegue empresarial triunfante en la actualidad). En suma, estamos asistiendo a un proceso de normalización de la irregularidad, a una creciente pérdida de credibilidad y de fuerza de la sociedad ante la economía: la economía visible compite con la economía sumergida, imitando sus métodos o condiciones.

Discutir de la salud laboral es tanto como discutir de la organización del trabajo, de poder y de dinero. La denuncia de los accidentes y la defensa de la salud laboral apunta a una propuesta moral que reduce, al menos simbólicamente, la cultura mercantilista, tan unida al dominio del capital, y enajena a la influencia del azar (léase la buena voluntad del empresario) la viabilidad del modelo de producción. La reconstrucción de una economía moral exige tanto la fijación de las demandas sociales sustantivas como la identificación de los intereses que impiden alcanzarlas. Por tanto, el cálculo de las consecuencias, tanto como la maximización del beneficio, es un componente definitorio de la ética de la empresa.

Ahora bien, la reducción de la economía a la ética solo se obtiene mediante una imposición de la ética sobre la economía, y es precisamente la sanción aflictiva (si vale la expresión, la descompresión de la labor inspectora de la Administración y la virtualidad del Código Penal) la que permite hacer inviolable ésta imposición, al restablecer moralmente la situación anterior a la violación o previniendo el incumplimiento a través de una intimidación eficaz. La coerción y el reproche penal se erigen ante el mutante mercado laboral, asaeteado por las tendencias de flexibilidad y desregulación, en el superior baluarte defensivo de un núcleo de derechos fundamentales, entre los que la vida y la salud ostentan un protagonismo indisputable.

Para ser justo, en cuanto a nuestro sistema penal, resuelto en ejercicio del poder corporativo, (además de la susceptible mejora de las herramientas proporcionadas por el legislador), alzará el vuelo cuando arroje el lastre moral de haber aceptado como insuperable la separación entre la norma y la realidad.

Juan José Martínez Munuera es fiscal del TSJ de la Región de Murcia.