Un municipio que de pronto ve duplicada su población, o acaso incrementada considerablemente, debido a una macro urbanización levantada a cinco kilómetros del casco urbano sobre un terreño que era agrícola, carece de capacidad para garantizar la vigilancia policial y las nuevas demandas escolares, sanitarias y sociales. Tampoco podría costear un servicio de transporte, y los funcionarios apenas darían abasto para atender a los nuevos habitantes. El Gobierno regional y el Estado podrían acudir en su ayuda, como hasta ahora, asumiendo el coste de más servicios -amén de proporcionarles agua y energía- aunque deben velar para que beneficien a toda la comunidad.
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