Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP plantearon ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cincuenta preguntas al vicepresidente económico, Pedro Solbes, sobre el pacto alcanzado en torno al Estatuto catalán y otras cuestiones de financiación autonómica.

Según el cuestionario distribuido, los consejeros de Madrid, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Baleares se interesaron por los motivos por los que no tienen una copia del acuerdo alcanzado con CiU sobre la financiación de Cataluña al resto de comunidades.

También quieren conocer si el presidente el Gobierno va a recibir a los presidentes y a los líderes autonómicos «para negociar bilateralmente» un nuevo modelo de financiación para cada autonomía de régimen común.

La consejera de Hacienda de la Región de Murcia, Inmaculada García, aclaró que también se preguntó sobre «si va a prevalecer la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas a los pactos bilaterales» y en que va a consentir el «principio de no discriminación recogido en el pacto»y si se va a extender al resto de autonomías.

Entre otras cuestiones, inquieren si éstas van a tener derecho a reclamar déficit históricos de financiación o si se va a implantar el «principio de bilateralidad».

En cuanto a la Agencia Tributaria, preguntan por el consorcio entre la estatal y la catalana y cómo se gestionarán los impuestos, por la participación de la Generalitat en los impuestos.

Sobre el modelo de financiación, quieren conocer los fundamentos para saber qué comunidades resultan beneficiadas y si se han hecho cálculos sobre pérdidas en alguna de ellas. Los consejeros preguntan también cómo se ha pactado los límites de la solidaridad, los capítulos que entran en el Fondo de Suficiencia -sanidad, educación y servicios sociales- y los mecanismos de nivelación.

García reclama conocer «si la actualización quinquenal pactada afecta al resto de comunidades y cuando comenzará a aplicarse el nuevo modelo pactado». También inquiere sobre el porcentaje de participación e inversión «en los Presupuestos Generales del Estado de Cataluña y su aplicación al resto, así como sobre el plazo de siete años previsto en el acuerdo con CiU».