El Gobierno aprobó ayer la OPA de Gas Natural sobre Endesa. ¿Sorpresa? Ninguna. De hecho, ninguno de ustedes aceptó la apuesta que les ofrecía el jueves, y eso que les ofrecía momio. Llegados a este punto de la historia y después de haber padecido los sinsabores de la lucha partidista que ha tenido lugar a su amparo, nadie ponía en duda la decisión del Ejecutivo. Como nadie debería dudar ahora de que Gas Natural aceptará sin pestañear todas y cada una de las condiciones impuestas que, por cierto, no incluyen novedades relevantes. Entre todas las razones esgrimidas, las pasiones afloradas y las consecuencias derivadas, quería destacar hoy sólo dos. Una, el daño que se ha causado a los organismos reguladores, que será probablemente irreparable y con toda seguridad gravísimo. Las discrepancias suscitadas entre el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía, y el impresentable seguidismo practicado por sus miembros con respecto a las directrices emanadas por los partidos que patrocinaron a cada uno de ellos, constituyen el peor de los escenarios imaginables y obligará al Gobierno y a la oposición a replantearse seriamente y por completo su constitución y funcionamiento. Al menos, si desean mantener un mínimo de dignidad y si pretenden salvaguardar algún atisbo de crédito. El segundo elemento es la posición de Iberdrola, que sale muy reforzada del envite al evitar que el Gobierno impidiese la formalización del acuerdo alcanzado en su día con Gas Natural, que le permite dar un salto de gigante de una sola tacada.

Ahora, sólo falta conocer cuánto se mejorará la oferta ya que, dada la evolución en Bolsa de las acciones respectivas, habrá que hacerlo pronto y en cantidad apreciable si se pretende obtener una respuesta favorable de los destinatarios definitivos: los accionistas de Endesa.