Al compás que el ministro Solbes cerraba ayer los flecos sobre la financiación del Estatut con el conseller Antoni Castells, la consejera murciana de Economía, Inmaculada García, desgranaba públicamente las preocupaciones, temores y posibles desafueros comparativos de un acuerdo a dos bandas, que se pretende extender ¿en parte? al resto de las autonomías, convidadas de piedra del proceso.

Es de prever, no obstante, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal no sólo informe el vicepresidente, sino que las distintas regiones tengan voz, crítica o muy crítica, en el negocio de sus cuentas, recaudaciones y compromisos financieros, aumentados o disminuidos por voluntad ajena.

Aunque el ministro ha rechazado reiteradamente hacer cálculos sobre lo que obtendrá Cataluña con el nuevo modelo (participación en los ingresos tributarios de un 50% en el IRPF e IVA y 58% en impuestos especiales, más aportaciones adicionales), CiU estima que lo acordado supondrá unos 5.128 millones anuales más, debido al aumento en el porcentaje de tasas que gestionará la Generalitat y por los fondos previstos en inversión pública de infraestructuras, durante los próximos siete años.

La Comunidad de Murcia, que rechaza un acuerdo impuesto, podría asumir, no obstante, el incremento en la cesión de tributos siempre que el Gobierno mantenga la cantidad del Fondo de Suficiencia (cuantía necesaria para atender las políticas sanitarias, educativas y de asuntos sociales). Considera que el trato debe ser parejo a todas la comunidades, sin blindajes, y cree necesario que se garantice la ejecución en los próximos años de las inversiones previstas en ferrocarril, carreteras, etc. Sin embargo, la Región también podría ser una de las grandes perjudicadas si se mantiene el censo actual, anterior al fuerte incremento de la población por la llegada de inmigrantes.

El próximo martes, en el largo y posiblemente acalorado cónclave autonómico, la olla del reparto financiero tenderá desbordarse de agravios comparativos, reivindicaciones, quejas e insuficiencias. Probablemente, la mayor parte de ellas muy justificadas.

Difícil papeleta la del vicepresidente económico, arrastrado por las demasías del tripartito y por las exigencias electorales de La Moncloa. Sin embargo, mientras llega el día D y se conocen algo más los entresijos de la oferta, parece prudente dar un margen de confianza a la trayectoria, seriedad y rigor del ministro Solbes.