La polémica finca de La Zerrichera, en Águilas, enclavada dentro de una zona protegida catalogada como LIC y ZEPA de la sierra de la Almenara, puede admitir «determinados usos urbanísticos siempre y cuando se adopten las medidas de conservación de los hábitats y zonas específicas de aves». Así figura en el informe jurídico que ha encargado la Consejería de Obras Públicas, que es la que tiene la última palabra sobre el proyecto de urbanización presentado por el Grupo Inversor Hispania. Este informe avala en parte la postura del Gobierno regional y de la Consejería de Medio Ambiente, que vienen sosteniendo que se puede urbanizar dentro de estos espacios protegidos.

Las conclusiones del informe jurídico, a las cuales ha tenido acceso La Verdad, no especifican qué volumen de edificabilidad sería el permitido. El Grupo Inversor Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía, quien es presidente además del Águilas Club de Fútbol, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Águilas para levantar una urbanización para un máximo de 3.000 viviendas y un campo de golf sobre 250 hectáreas de superficie. La implicación de un concejal del PP, que vendió una parte de los terrenos y tuvo que dimitir, y la expulsión de otros cuatro concejales del PSOE que no acataron las órdenes de la dirección regional de su partido, hizo que el caso adquiriera dimensiones de escándalo y fue el origen de la confrontación actual entre el PP y el PSOE por el modelo urbanístico.

Experto en urbanismo

El informe jurídico ha sido elaborado por José Antonio López Pellicer, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experto en urbanismo, después de que el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, encargara varios dictámenes para asegurarse de que la Consejería de Medio Ambiente ha actuado legalmente al aprobar una declaración de impacto positiva con medidas correctoras, tras solicitar a la UE la desclasificación de algo más de 30 hectáreas de la finca. Cosa que hizo después de que las autoridades de Bruselas no hicieran caso de la pretensión de la empresa para desproteger toda la propiedad. Los datos del informe que obran en poder de este diario no entran a valorar la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, que es lo que más critica el PSOE, que aprecia connivencia con la empresa.

Propone el informe que es necesario asegurar la compatibilidad de la transformación urbanística con la protección de las especies afectadas, aplicando las medidas de conservación apropiadas para evitar su deterioro a través de una evaluación de repercusiones.

El anterior director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, emitió el 1 de septiembre del 2004 un informe negativo sobre el proyecto, argumentando que era «incompatible» la urbanización con la conservación del lugar. Asimismo advertía de que podían ocasionarse daños «irreversibles». Esto llevó el Ayuntamiento de Águilas a archivar el expediente y a devolver incluso una cantidad económica que había adelantado la empresa. En febrero de 2005 se reactivó el proyecto, después de que el consejero Marqués solicitara a la Unión Europea la desclasificación de unas 30 hectáreas de la finca.