Unas 300 personas según la Policía Local se manifestaron anoche para protestar por los previstos despidos en la empresa de confección Lorca Industrial después de que el juzgado de lo mercantil haya aceptado la solicitud de iniciar un expediente de regulación de empleo que afectará a 70 trabajadores.

Los manifestantes, entre los que se encontraban, además de los trabajadores afectados y sus familias, representantes de otros sectores textiles del municipio, así como dirigentes sindicales de CC.OO. y UGT y de Izquierda Unida, provocaron retenciones en el tráfico a pesar de que la Policía Local procuró desviar la circulación.

Los manifestantes recorrieron las calles desde la factoría, situada en el Camino Viejo del Puerto hasta la plaza de España, con el objetivo de hacer pública de forma ostensible su protesta, con pancartas, pitos y gritos entre los que destacaban «queremos trabajar en Lorca Industrial», y hacerle llegar al alcalde, Miguel Navarro, que estaba en el Ayuntamiento, una nueva petición de apoyo.

Efectivamente, Navarro recibió a una comisión y les reiteró lo que ya había manifestado en una ocasión anterior y se reflejó en un acuerdo del Pleno municipal en el sentido del pleno apoyo a un trabajo digno y el compromiso de que no habría recalificación de los terrenos en que se encuentra la fábrica, salvo que fuera en beneficio de los propios trabajadores.

Los sindicatos y el comité de empresa estiman que la dirección de Lorca Industrial y el Ministerio de Defensa «son los únicos responsables» de este nuevo expediente de regulación de empleo al crear «la actual situación por la que atraviesa la empresa», y son ellos los que «deben dar soluciones de viabilidad a los puestos de trabajo».

Lorca Industrial ha trabajado en exclusiva para el Ministerio de Defensa confeccionando uniformes militares durante 40 años y acumula varios expedientes de regulación de empleo en los últimos años, el más reciente tuvo lugar en 2003 y supuso el despido de 88 trabajadores.

CC.OO. recuerda que de forma paralela a dicho expediente se aprobó un plan de viabilidad propuesto por la propia empresa que entonces garantizaba el funcionamiento hasta 2007. Un portavoz de este sindicato concluye que «es obvio que dicho plan ha sido incumplido en todos sus términos por los responsables de la empresa que ahora deberán asumir responsabilidades ante el juzgado».