El abogado de la Asociación de Propietarios Afectados por la Red Natura 2000 expuso varios ejemplos para denunciar lo que consideran un trato injusto de la Administración. «Para construir una caseta de aperos, una balsa o un invernadero, los propietarios tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. Deben encargarlo a una empresa especializada y gastarse medio millón o dos millones de las antiguas pesetas. Imagínese ese coste para un agricultor, y que después esté a expensas de que la Consejería lo apruebe o lo rechace según la zona donde se encuentre».

Según éste, la Administración regional está imponiendo ahora muchas sanciones «por roturar o allanar un terreno, pese a que legalmente no existe una limitación de usos respecto a la situación anterior, sobre todo cuando se trata de actividades agrícolas tradicionales».

Reconoce por otra parte que muchos propietarios «han visto frustrados» sus planes para urbanizar dentro de sus fincas; y sostiene a renglón seguido que la delimitación de las ZEPAS se ha realizado en muchos casos sobre el terreno de una forma arbitraria. Puso como ejemplo la Sierra de La Almenara, donde la zona de protección está delimitada por la carretera de Mazarrón, «excepto en un punto concreto que se aparta y deja fuera unos terrenos».