A sólo seis días de la fecha oficial de inicio de las obras, la batalla de la peatonalización entra hoy en su recta final con los juzgados como escenario clave. La Cámara de Comercio, respaldada por tres organizaciones de empresarios, tiene previsto presentar esta mañana en el juzgado Decano de Cartagena un recurso contencioso-administrativo contra las obras de cierre al tráfico de las calles Del Carmen, Sagasta, Niño, Del Horno, San Roque y parte de Canales.

Mientras operarios municipales colocaban ayer en los accesos carteles informativos sobre el corte de la calle del Carmen a partir del lunes 16, el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano Rosique, ultimaba el texto de su recurso con el abogado Vicente Pérez Pardo.

«Lo que presentamos es un anuncio del recurso, donde pedimos la suspensión cautelar de las obras para evitar un perjuicio irreparable a comerciantes y vecinos», anunció Pérez Pardo.

El letrado se refirió a la dificultad y el coste que supondría tener que realizar obras para devolver las calles a su aspecto actual, si el juez las paraliza y las decreta ilegales.

A partir de hoy, el Ayuntamiento tendrá un plazo de veinte días para aportar una copia del expediente de la peatonalización. Cuando lo haga, se abrirá otro de veinte días para que la Cámara formalice su recurso.

Dos incumplimientos

Éste texto se basará en que el gobierno de la alcaldesa, Pilar Barreiro, ha incumplido el Pepri (Plan de Ordenación y Reforma Interior del casco histórico) y la ordenanza de circulación. El argumento es que el Consistorio ha aprobado el proyecto de peatonalización sin modificar antes ambos documentos.

Según Pérez Pardo, en la peatonalización «el Ayuntamiento exige a promotores, constructores y ciudadanos que cumplan minuciosamente las previsiones del Pepri y, sin embargo, vulnera esa norma que obliga a todos».

«Al margen de que el proceso judicial tarde diez o doce meses, confiamos en que el juez considere el perjuicio que supondrán las obras y las suspenda de forma provisional», manifestó Mariano Rosique.

La concejal portavoz para la peatonalización, María Ángeles Palacios, advirtió a los empresarios y comerciantes opuestos al plan (COEC, Centro Comercial Abierto y Federación de Pequeños Comerciantes han respaldado oficialmente la postura de la Cámara) sobre las consecuencias de llevar el asunto a los tribunales: «Hacer las cosas así tiene un coste, y no sé si son conscientes de ello».

Según dijo Palacios, la suspensión de los trabajos, incluso después de empezados, «depende del juez al que le llegue el caso».

Asimismo, un centenar de vecinos y comerciantes opuestos al plan se concentró anoche en la plaza del Icue para estudiar la adopción de medidas contra el anunciado inicio de la peatonalización.