En Puerto del Rosario (Las Palmas) se detuvo a un funcionario de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de dicha localidad como autor de presuntos delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y estafa por un importe de más de dos millones de euros. El detenido falsificaba providencias de embargo de cuentas bancarias a deudores de la Seguridad Social e ingresaba los importes en una cuenta a su nombre.

En Málaga, un gestor administrativo se embolsó más de ocho millones de euros en distintas operaciones falsas de venta de inmuebles. El alegaba que estos inmuebles procedían de embargos a deudores de la Seguridad Social y así pudo estafar a varios compradores que en ningún caso obtuvieron los inmuebles.

En Madrid, Granada y Toledo fueron detenidos siete miembros de un grupo organizado, todos ellos con amplios antecedentes delictivos por falsificación de documentos, usurpación del estado civil y estafa. Usaban documentos nacionales de identidad robados con los que obtenían informes de vidas laborales de los titulares de esos carnés y, tras falsificarlos, obtenían préstamos de entidades de crédito y se financiaban la compra de vehículos e inmuebles que posteriormente vendían a un precio inferior al de mercado. Así, llegaron a comprar 20 coches de gama media alta y tres inmuebles, cuya valoración se estimó en unos 840.000 euros.

En Valencia se detuvo a cuatro responsables de un grupo empresarial que trasvasaba a sus trabajadores de unas empresas a otras; defraudaron a la Seguridad Social 4,5 millones de euros.