Quienes vivimos una parte significante de nuestra vida en la dictadura franquista y asistimos como actores o como sujetos pasivos (o como ambas cosas muy frecuentemente) a la transición tuvimos ocasión de contemplar el prodigio de la eclosión gozosa de un sistema de libertades. Aquel fenómeno admirable era, por su propia naturaleza, irrepetible (sólo puede haber una verdadera liberalización tras cada etapa de autocracia) y arrojó singularidades que nos marcaron profundamente y que nos infundieron un espíritu crítico que hoy nos hace percibir y lamentar con especial zozobra la decadencia de un régimen en que ciertos valores de los que Ortega llamaba pusilánimes (frente a los magnánimos) se imponen sobre unas muchedumbres que han perdido el sentido de la autonomía y el sentimiento profundo de la libertad.

En efecto, cuando con el dictador agonizante el régimen empezó a hacer agua, se produjo en España un luminoso vacío normativo que nos llenó de plenitud a los bastantes que nos percatamos de aquella coyuntura excepcional. Las viejas leyes habían decaído y todavía no habían nacido las leyes nuevas. Casi todo estaba, pues, virginalmente transitable, no había más límite que el de las propias conciencias. Poco a poco, la teórica reforma, que en realidad fue el acuñamiento de una legalidad íntegramente distinta, fue promoviendo la decantación de un nuevo statu quo que se fue imponiendo suavemente, muy despacio, como temeroso de incomodar a quienes, víctimas de la anterior represión, acababan de descubrir los nuevos espacios de la autodeterminación personal y se habían embriagado con ellos. Además, la nueva autoridad, aunque legítima y democrática a partir de las elecciones de 1976, actuó pudorosamente, como si temiera que cualquier gesto de osadía fuera malinterpretado y confundido con la arrogancia sicaria del régimen anterior.

Lentamente, aquel pletórico régimen de libertades ha ido decayendo; aquellos sutiles criterios anglosajones que durante siglos han preservado en Occidente la intimidad -incluido el derecho a to be alone, a estar solo, que es el velo que cobija amorosamente la privacidad- se han adulterado en todas partes, y también en nuestro país, tan histórica y tópicamente propenso al intervencionismo, al paternalismo, al dogmatismo. El proceso de decadencia de las libertades ha sido seguramente continuo y lento, y quizá por eso no nos hemos percatado constantemente de que estábamos siendo sus víctimas, pero ahora se ha producido un cúmulo de indicios que resulta intranquilizador. Cuando -sin duda por casualidad- el Parlamento catalán ha acabado de redactar un asombroso proyecto de estatuto en el que se regulan con fruición hasta los más recónditas circulaciones económicas y sociales, una ley contra el tabaco producto de un sobrecogedor e inquisitorial impulso puritano ha irrumpido con intolerante procacidad para cambiarnos a todos los hábitos con el pretexto de una inquietante profilaxis. Todo ello se ha juntado con una gran campaña de acoso y amedrentamiento a los conductores de vehículos, que sentimos en el cogote la respiración de la administración pública que nos criminaliza y nos persigue sañudamente...

Junto a estas señales materiales de persecución y asechanza, que no son sino las más llamativas y que nos apremian y nos llenan de zozobra, hay otras más inmateriales pero mucho más encarnizadas y, a la postre, tan inquietantes y peligrosas como aquéllas. Pienso, en concreto, en el surgimiento inconcebible de los nuevos consejos audiovisuales, primero en Cataluña como hecho ya consumado, después en forma de otros proyectos más o menos avanzados, incluso el de un consejo estatal ya concebido por el Gobierno, cuya génesis podría convertirse próximamente en proyecto de ley si no cunde a tiempo el buen sentido. Como se sabe, tales consejos, en principio pensados para hacer cumplir con independencia un orden administrativo en materia tan delicada como la de las libertades de información y de expresión, pretenderían arrogarse atribuciones subjetivas en lo referente a los contenidos y a ciertos atributos abstractos de éstos como la veracidad o el respeto; e incluso asumirían determinadas competencias sancionadoras que, como es obvio, les proporcionarían una extraordinaria familiaridad con la indecorosa censura de antaño.

Como escribía hace poco García de Cortázar en un doliente y punzante artículo sobre éstas y otras cuestiones, «contra lo que piensan los ingenuos, también en democracia se puede asfixiar la libertad, pues ésta y aquélla no son términos equivalentes sino complementarios». El hecho de que tengamos un régimen en apariencia saludable y teóricamente capaz de resistirlo todo, unas instituciones muy activas y un sistema de contrapoderes más o menos eficaz no significa que podamos bajar la guardia ante la decadencia de las libertades o ante la desnaturalización de un modelo que no es nada si no conserva la debida eminencia la libertad personal. Una libertad cada vez más amenazada -y sacrificada con frecuencia en el altar de la seguridad- que debe rescatarse y devolverse al lugar encumbrado que merece para que los ciudadanos de esta democracia conservemos intactos el albedrío y la dignidad.