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Miércoles, 16 de mayo 2018, 03:40
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El exjefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Joaquín Peñalver, se sienta en el banquillo por el 'caso Nueva Condomina' en virtud de cinco informes técnicos que redactó sobre el proyecto urbanístico que lleva ese nombre y que, supuestamente, vulneraban la legalidad vigente. Ayer, durante su declaración ante la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, Natividad Navarro Abolafio, el antiguo alto funcionario de Urbanismo no se esforzó por defender el ajuste de esos documentos con la normativa legal, entre otras cuestiones porque admitió que ni siquiera se preocupó por comprobar si sus consideraciones estaban respaldadas por la ley. Lo que hizo, según sus propias palabras, fue limitarse a reproducir párrafos enteros con los argumentos que ya había ofrecido en informes anteriores quien era su jefe, el también acusado Pedro Morillas, quien durante largos años fue el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo.
Así, cuando el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le interrogó acerca de si había comprobado que el proyecto urbanístico que impulsaba quien fue propietario del Real Murcia, el ya fallecido Jesús Samper, Peñalver admitió no haber realizado constatación alguna en lo referente al volumen de edificabilidad que se le había otorgado.
Especialmente comprometido fue el momento en el que el representante del Ministerio Público le planteó que a Nueva Condomina se le había otorgado un aprovechamiento urbanístico que ni siquiera estaba respaldado legalmente, ya que la normativa en la que en apariencia se amparaba esa decisión ni siquiera había entrado en vigor en ese momento. «Yo creo que sí estaba en vigor», respondió el acusado con escasa convicción.
«¿La había visto publicada en algún boletín oficial? Porque le recuerdo que las normas solo entran en vigor cuando están publicadas», insistió el fiscal Lozano. Lejos de poder replicarle con argumentos de peso, Peñalver se salió por la tangente. «No es mi trabajo ver si se ha publicado», acertó a señalar, para afirmar seguidamente que «para mí estaba aprobada», ya que se trataba de una norma que habían elaborado en la propia Gerencia y que sabía que había recibido el visto bueno. «Yo no advertí ningún problema», zanjó ese debate.
Otro intenso intercambio de pareceres entre el fiscal y el acusado se produjo a cuenta de un nuevo informe, redactado en febrero de 2003, después de que la Dirección General de Viviendas advirtiera al Ayuntamiento de que lo que estaba haciendo con Nueva Condomina no se adecuaba a la legislación. «Y sin embargo se volvió a redactar otro documento en la misma línea», advirtió el acusador público.
Peñalver respondió que se limitó a comparar la propuesta presentada por Samper con un informe anterior redactado por quien era su jefe, Pedro Morillas, y que no comprobó si las pretensiones del dueño del Real Murcia estaban amparadas por las normas urbanísticas. «No entré en el fondo, porque Morillas ya había resuelto esa cuestión y además de ser el director de Urbanismo tenía más experiencia que yo».
«Me limité a transcribir parte del informe de mi superior», señaló varias veces a modo de explicación.
Dijo no recordar si el propio Morillas le había llegado a manifestar que «de esto me ocupó yo», como Peñalver señaló en una antigua declaración en el juzgado, aunque no descartó que ello hubiera ocurrido.
Por último indicó que todo lo hizo «conforme a mi leal saber y entender» y en la convicción de que era correcto. Peñalver, que está asistido por los letrados José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, aseguró que nunca el exalcalde Cámara o sus superiores le dieron indicación alguna.
Joaquín Romeu, quien fue presidente del Real Murcia en la época en la que se impulsó Nueva Condomina, declaró ayer como testigo y sí otorgó valor al 'protocolo secreto' que el entonces alcalde Cámara le firmó en 1999. «Suponía el inicio de un proyecto a desarrollar. Tenía el valor de patentizar el apoyo que teníamos por parte de las instituciones públicas» para desarrollar un complejo comercial y residencial en torno a la nueva ciudad deportiva del Real Murcia, explicó. Aunque Cámara señaló en su declaración que el valor de ese protocolo era prácticamente nulo, Romeu admitió que les sirvió para que dos entidades bancarias entraran inmediatamente en el negocio, adquiriendo cada una de ellas el 20% del proyecto, y para comprar unos terrenos en subasta con franca ventaja sobre el resto de los postores, que no sabían que esos terrenos se iban a recalificar tras adquirirlos Samper y su socio. «Imagino que los antiguos propietarios se llevaron un chasco», confesó. En realidad, lo que se sintieron fue estafados, lo que les llevó a presentar una querella que en su día no prosperó.
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