El Pacto por el Mar Menor cree «apabullante» el número de normas vulneradas

LA VERDAD

El Pacto por el Mar Menor valoró positivamente la denuncia del fiscal jefe de la Región por los vertidos del Mar Menor. La asociación destaca el "exhaustivo" escrito que, aunque centrado en las desalobradoras y contaminación por la rambla de El Albujón, "se extiende también a otros aspectos del problema: regadíos ilegales, contaminación de los suelos y del acuífero por exceso de fertilizantes, infraestructuras millonarias totalmente inútiles, etc".

Para el Pacto por el Mar Menor, es "apabullante el número de normas vulneradas que se enumeran y la cantidad de datos sobre la contaminación de la laguna, sus causas y sus consecuencias que, como se viene diciendo, podrían incluso ser dañinas para la salud". Por ello, quieren remarcar que se actúe "por fin" contra los presuntos responsables del estado del Mar Menor.

Por otra parte, la plataforma recuerda que "muchos de los actuales dirigentes políticos continúan con la misma inercia que los responsables señalados por el Fiscal, y siguen sin actuar contra la contaminación en origen que afecta al Mar Menor", exceptuando a los actuales dirigentes de la CHS.

Además, recalca que la existencia de miles de hectáreas de regadíos ilegales, unida a la tolernacia de la Administración, la "nula" planificación y la inexistencia de infraestructuras han provocado "un caos que ahora es muy difícil de revertir".

Explotaciones agrícolas

En cuanto a las empresas agrícolas denunciadas, el Pacto del Mar Menor considera que habría que hacer más referencias a las explotaciones agrícolas ubicadas en la zona de Arco Sur de la laguna: "Son recientes, están muy próximas a la laguna y muchas carecen de derechos de agua", puntualizan. Además, la plataforma cree que habría que investigar a "la empresa concreta responsable de la fabricación de las desalobradoras ilegales y también la referencia a la posible malversación de caudales públicos en relación con la obra del salmoreoducto de El Carmolí, ejecutado en 2015, que costó 1'6 millones de euros y que no ha servido para nada".

Por último, el Pacto por el Mar Menor espera que el proceso judicial sirva "no solo para depurar responsabilidades por los hechos cometidos, sino también para generar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad y una nueva manera de gobernar de nuestros políticos que sea más respetuosa con el Medio Ambiente".

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