El Tribunal Administrativo Central anula la adjudicación de la basura

El alcalde se justifica en los técnicos y dice que «lo que haremos es volver a sacar el concurso»

JESÚS YELO

Tirón de orejas para el Ayuntamiento de Ricote. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha estimado el recurso interpuesto por la edil del grupo independiente Aire, Mª Victoria Martínez Lajarín, contra la resolución del contrato de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos y urbanos, voluminosos, papel-cartón, envases y gestión acordando la anulación del procedimiento de contratación.

La aprobación del citado expediente fue aprobada en el Pleno del pasado 20 de abril con el voto en contra de dicha concejala. La adjudicación del servicio fue en julio a la empresa Banalba en la cantidad de 102.000 euros y por un periodo de cuatro años.

Para Martínez Lajarín, se demuestra que «la denominación del contrato no era legal ya que se calificó como de gestión servicios públicos y no de servicios que hubiera sido lo correcto». Igualmente, insiste en que «el alcalde no era competente para nombrar a los miembros de la Mesa de Adjudicación ni para terminar adjudicando el contrato por lo que el alcalde firmó una cosa manifiestamente ilegal». Además, recuerda que «es la segunda anulada sobre este asunto, ya que la anterior, en julio de 2016, también se paralizó sin necesidad de llegar a instancias superiores al detectarse sendas irregularidades».

«El equipo de gobierno del PSOE está en un círculo vicioso de ilegalidades e irregularidades que están haciendo mucho daño al pueblo y no comprendemos como el secretario-interventor dio su visto bueno y apoyó la adjudicación del contrato en estas condiciones», insiste la concejal independiente. Por todo ello, pide que «se depuren responsabilidades al alcalde Celedonio Moreno; al concejal de Medio Ambiente, José María García, y al secretario-interventor, Teodoro García, como responsables».

Por su parte, el regidor, tras reconocer que recibió la resolución, señaló que «nos hemos limitado a seguir el asesoramiento de los servicios jurídicos y del secretario, y ahora lo que haremos será volver a sacar a concurso el contrato invitando para ellos a todas las empresas interesadas». No obstante, añadió que «lo que se nos recomienda desde el Tribunal es que la adjudicación se realice de otra forma, de hecho declara que no se aprecia mala fe o temeridad por lo que no procede imposición de multa».

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