La juez no adopta medidas cautelares por la contaminación del Mar Menor

Apunta que las consecuencias serían de tal magnitud en la actividad agraria «que exceden, con mucho, el carácter excepcional»

LA VERDADMURCIA

La titular del juzgado de Instrucción 2 de Cartagena ha denegado, en un auto notificado ayer, las medidas cautelares solicitadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca Fernando Garrido (Favcac) en relación al procedimiento conocido como 'Mar Menor'.

Estas diligencias fueron abiertas tras la denuncia interpuesta por posibles delitos contra la ordenación del territorio; contra los recursos naturales y el medio ambiente; contra el patrimonio arqueológico y un delito de usurpación de aguas.

En concreto, la acusación popular solicitó cautelarmente el corte hidráulico de tres canales, una fianza por valor de los daños morales y físicos sufridos por los afectados, el cese de actividad de los embalses, la paralización de la producción en aquellas parcelas que no poseen cuota de agua y la restitución de los cultivos de secano, inmovilizando cualquier actividad relacionada con el regadío o, de manera subsidiaria, se solicitó que se limitaran el número de cosechas anuales por parcela.

El juzgado destaca que, aparte de los cultivos, otros sectores también han vertido a la laguna

El Ministerio Fiscal informó negativamente a la fianza cautelar por daños morales y la restitución de los cultivos de secano, «al no suponer beneficio alguno para el fin del procedimiento» y no se opuso al resto. En la fundamentación de auto, la magistrada explica que de adoptarse en esos términos, «conllevaría unas consecuencias de tal magnitud que exceden [...] del carácter excepcional y subsidiario que le son inherentes a toda medida cautelar».

«Es cierto -continúa la resolución- que obra en autos dictámenes, informes y estudios sobre la situación del Mar Menor y las causas que han conducido a su estado actual y que de ellos se puede extraer la conclusión de la presencia de vertidos de origen agrícola, pero estos confluyen con los de origen urbano, los procedentes de la sierra minera de Cartagena y con otros contaminantes procedentes de actividades turísticas, recreativas y deportivas».

Por esta razón, la juez entiende que no tiene justificación pretender unas medidas cautelares que afecten «exclusivamente a las explotaciones agrarias, sin tener en cuenta otros detonantes, igualmente contaminantes», que nada tienen que ver con aquellas, y pretender con ello que sea la actividad desarrollada en dichas explotaciones «la única de carácter lesivo para la adecuada conservación y regeneración del Mar Menor».

En al auto se afirma que «se pretende con la adopción de tales medidas, en los términos en que se realiza, que se invierta el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa».

La juez también destaca que al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel «preventivo y sancionador de primer grado» y la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro». La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de reforma y apelación.

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