El interventor ve irregularidades en el pago de 399.097 euros en facturas

El PSOE denuncia «descontrol con el dinero municipal», pero el alcalde defiende la legalidad de las cuentas

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

«No se dan los requisitos legales para proceder al reconocimiento de la obligación». Es la apostilla con la que el interventor municipal ha acompañado más de 200 facturas pendientes de pago, que suman un total de 399.097,83 euros. Los reparos de Intervención para autorizar el pago a los acreedores municipales responden a diferentes motivos: desde la duplicidad de gastos, que señala en una factura de 1.089 euros por limpieza de solares -cuando esta función ya la costea el Ayuntamiento a través de la contrata de la compañía Urbaser-, hasta la falta de asignación presupuestaria. Encuentra dicha objeción en facturas de gastos realizados en la Semana de la Huerta, de cuya celebración también derivan recibos a abonar, como el de servicios de taxis que la Intervención municipal no encuentra procedentes porque en el festival de agosto «hay ambulancias para el traslado a centros de salud u hospitales ante cualquier emergencia», señala el funcionario.

Para el portavoz del PSOE, Mario Cervera, el informe «refleja no solo el descontrol económico del equipo de gobierno, sino que se gastan lo que no tienen presupuestado, generando un perjuicio al ciudadano y a los proveedores». El edil destaca «la incertidumbre que genera en los empresarios que trabajen con el Ayuntamiento, pues nunca saben si el procedimiento es el correcto y, por tanto, cuándo van a cobrar».

El mismo informe desfavorable señala el reparo para pagar el suministro de un material porque «fue colocado en una instalación de la que no es titular el Ayuntamiento», y aclara que fue en el espigón de la base aérea. También incluye en el listado de irregularidades el desembolso de alquileres de pistas deportivas para eventos solidarios, que el interventor entiende como «subvención».

El alcalde, Anastasio Bastida, explicó ayer a 'La Verdad' que «no se trata de irregularidades, porque el pago del agua del Taibilla o la luz no son gastos irregulares, sino facturas de consumo de 2017 que las empresas presentaron fuera de tiempo, en 2018. Y por eso deben pagarse a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito». Bastida defiende que «los gastos de la Semana de la Huerta se hicieron correctamente, aunque algunos grupos presentaron las facturas tarde por los inconvenientes de la adaptación que requirió la implantación del sistema de facturación electrónica».

El Pleno debía votar anoche si levanta los reparos de la Intervención y abona las facturas irregulares, como propone el gobierno popular, o si deben seguir otra tramitación en los presupuestos de este año. «Todos los años hay extrajudiciales por el retraso de la presentación de facturas, pero la gestión económica no se puede cuestionar con casi siete millones de superávit en las cuentas municipales del pasado año, que permite afrontar todos los compromisos contraídos», señaló ayer Bastida.

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