Exigen 397.000 euros al Consistorio y que rescinda un convenio urbanístico

El desarrollo del sector Puente de Barinas abarcaba una superficie de 1.058.782 metros cuadrados y un coeficiente de edificabilidad de 0,25 m²/m² para habilitar: viviendas, zonas verdes, espacios deportivos y educacionales, servicios urbanos, viarios y aparcamientos exteriores. El Ayuntamiento, según Procumasa, llegó a cobrar 397.045 euros, pero trece años después la mercantil no ha puesto un solo ladrillo y reclama que «se declare la resolución del convenio urbanístico». En su escrito dirigido al Consistorio, expone que en la aprobación definitiva parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de diciembre de 2007, se dejó «en suspenso la aprobación de gran parte de ámbitos del término municipal». Por todo ello, el empresario considera que «la viabilidad del sector Puente de Barinas y del PGOU en su conjunto se encuentra en entredicho».

Además, argumenta que, en febrero de 2010, la Administración local emitió una cédula urbanística para el citado sector que cifraba la superficie de actuación en 856.603 metros cuadrados y un aprovechamiento de 0,24 m²/m². «Considerando los antecedentes expuestos, se ha producido un cambio que afecta a la esencia del convenio urbanístico, pues se ha reducido significativamente, en torno a un 20%, la superficie y la edificabilidad comprometidas municipalmente».

La mercantil concluye su escrito pidiendo la resolución del convenio y que se le devuelva el dinero. La Junta de Gobierno se opone a tal petición: «No se ha producido ninguno de los supuestos que contempla la cláusula tercera del convenio que fundamenten su rescisión y devolución de las cantidades entregadas, que a mayor abundamiento no coinciden con las entregadas». De hecho, la Junta de Gobierno rebaja la suma de 397.045 euros a 317.634 euros.

Y añaden que la mercantil «era perfectamente conocedora» del coeficiente de edificabilidad asignado porque no presentaron alegaciones al plan parcial cuando este se aprobó. También subrayan que la cédula a la que alude en el escrito «no se corresponde con la expedida por la oficina técnica, siendo la superficie del sector 921.242 metros cuadrados».

La edil del IUMA María Dolores Saurín se muestra «preocupada» porque esta reclamación llegue a los tribunales, tras ser desestimada por vía administrativa por el Consistorio, ya que detrás podrían venir otras. El equipo de gobierno del PP, liderado por Fernando Molina, firmó sin pestañear 22 convenios urbanísticos en un Pleno extraordinario celebrado el 21 de abril de 2005, y «el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana sigue sin estar aprobado, lo que podría provocar que todos los promotores nos reclamasen los 7,5 millones de euros que ingresamos con la burbuja inmobiliaria».

Saurín también recuerda que «el suministro hídrico de todos esos convenios depende del Ente Público del Agua de la Desaladora de Escombreras y puede que los convenios ya no sean viables». El equipo de Gobierno del PSOE, en abril de 2016, secomprometió a estudiar la rescisión de los 22 convenios y, ante la petición de Procumasa, el IUMA avanza que en el Pleno de mayo interpelará al alcalde para que aclare «qué han hecho los servicios jurídicos».