El PP estudia denunciar una supuesta malversación de fondos públicos en el asfaltado de Los Martillos

La alcaldesa defiende que las obras en un camino, en el que tienen propiedades dos ediles de Alternativa y la familia de un concejal del PSOE, cuentan con todos los informes favorables

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

El asfaltado del camino rural de Los Martillos tiene visos de acabar en los juzgados. En esta zona poseen inmuebles dos ediles de Alternativa por Santomera, Alicia Poza y María José Campillo, así como familiares del edil del PSOE Javier Campillo, y los trabajos fueron financiados con cargo a las arcas municipales por 11.992 euros. El portavoz del PP, José María Sánchez, avanza que «estamos estudiando emprender acciones judiciales porque el Ayuntamiento no debe asumir con dinero público intereses privados».

Los populares apoyan las acciones judiciales en el Plan General de Ordenación Urbana, que recoge textualmente que los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano de núcleo rural «están obligados a costear los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público y acceso rodado». El camino de Los Martillos presenta la citada calificación, y el portavoz popular considera que los trabajos deberían de haber sido abonados por las veinte familias que tienen propiedades en esa zona.

«El planeamiento urbano es taxativo: los dueños tienen que abonar los gastos. Encima es un camino que está cortado y tenemos constancia de que un propietario se costeo otros trabajos». Por este motivo, el PP estudia emprender acciones judiciales por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Los populares justifican esta acción legal por las obligaciones que establece el planeamiento y porque, en el Pleno de julio, el edil de Alternativa por Santomera y titular de Urbanismo, Francisco Joaquín Rubio, afirmó que el planeamiento establece que «sea suelo urbano o suelo rural, se le exige a los propietarios que hagan las obras de urbanización, pero eso no se hace desde que el ayuntamiento es ayuntamiento».

No obstante, Rubio zanjó que en Los Martillos «se ha aplicado el mismo procedimiento que en todos los caminos, como en La Baronía y El Roble, y no ha habido ningún trato de favor». Por su parte, la alcaldesa socialista, Inmaculada Sánchez, defendió ayer la legalidad del asfaltado porque Los Martillos «está inventariado en el catálogo de caminos rurales, con un informe técnico del ingeniero y otro jurídico del secretario».

El listado incluye más de cincuenta vías y fue aprobado con los votos del PP en Pleno. La regidora defendió que «la calificación del suelo no tiene nada que ver con el uso» y dijo que cada año se lleva a cabo un plan de asfaltado de caminos. «Este verano se han hecho cuatro y uno ha sido Los Martillos porque las familias llevaban diez años pidiendo mejoras y hasta habían presentado firmas. Nosotros no miramos el color político de los propietarios, sino dar un servicio a los vecinos. En 2016 le pusimos farolas al camino de un destacado militante del PP».

Sánchez avanzó que el Consistorio asumirá, como en Los Martillos, los gastos de los caminos incluidos en el listado. «Si están incluidos en el inventario, no hay problema».

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