Condena millonaria al Consistorio por un incumplimiento con la nueva piscina

Trabajos de construcción de la piscina cubierta en el solar de la polémica./Ayto. Alguazas
Trabajos de construcción de la piscina cubierta en el solar de la polémica. / Ayto. Alguazas

Un juzgado falla contra el Ayuntamiento por el convenio con los dueños del solar que se cedió en 2010 para construir la instalación deportiva

R. FERNÁNDEZ / A. BOTÍASALGUAZAS

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia, por la que se condena al Ayuntamiento de Alguazas a pagar lo que podrían llegar a ser más de tres millones de euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico, amenaza con asestar un golpe monumental a las arcas públicas. Sobre todo teniendo en cuenta que esa cuantía supone la mitad del Presupuesto municipal para todo un año.

El tremendo varapalo judicial tiene su base en el acuerdo que en 2009, siendo alcalde el hoy director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, alcanzó el Consistorio con la empresa Equipamientos y Promociones de Lorca, propietaria de un solar en el que se pretendía construir una piscina cubierta. Los representantes de la mercantil aceptaron ceder ese terreno a cambio de que los 9.612 metros cuadrados de aprovechamiento de que disponían en esa zona les fueran ofrecidos en otra parcela pública (7.276 m2), además de darle el resto de la edificabilidad en el suelo sobrante de la piscina.

El Consistorio se comprometió a impulsar una revisión del Plan General Municipal de Ordenación para plasmar esos cambios del uso del suelo, y en 2010, una vez modificadas las Normas Subsidiarias (NNSS), los empresarios cedieron la parcela al municipio mediante escritura pública. De esta forma, el Ayuntamiento pudo construir la piscina climatizada, como tenía proyectado.

Cuatro años después de la entrega de la parcela, el municipio seguía sin atender a su compromiso

Lógico descontento

En enero de 2104, cuatro años después de cumplido su compromiso de entregar el solar, los antiguos dueños de la parcela seguían sin recibir la finca prometida, ya que el Plan General no había recibido la aprobación definitiva. Razón por la cual presentaron una solicitud en el Consistorio para ser compensados en metálico, que fue rechazada y además provocó la apertura de un expediente de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) emitió un dictamen en el que señalaba que esa propuesta de revisión del convenio no era procedente, y en marzo de 2015 los afectados por el incumplimiento de los compromisos municipales insistieron en que se les indemnizara por la edificabilidad no recibida, que cifraron en 3,3 millones de euros. La Dirección General de la Administración Local de la Comunidad Autónoma emitió un informe reconociendo los derechos de los antiguos dueños, pese a lo cual el Consistorio siguió sin cumplir lo estipulado en el contrato.

Finalmente, agotada la vía citada, presentaron un recurso contencioso a través del abogado Juan Ceferino Ros Lucas, y ahora la Justicia les ha otorgado la razón. Aunque considera que los anteriores propietarios de la parcela deben ser indemnizados en 2,3 millones, estima que se les debe restar el coste de las obras de urbanización que se deben acometer en esa zona. Pero añade que a la cuantía resultante se le deben sumar los intereses que procedan desde mayo de 2010, así como una indemnización por ocupación temporal de la parcela.

Fuentes próximas al pleito estiman que la cuantía podría superar ampliamente los tres millones de euros, con los efectos que ello puede suponer para las arcas municipales. El fallo, sin embargo, todavía puede ser recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

El actual alcalde, el socialista Blas Ruipérez, admitió ayer que esta condena, de ser confirmada por el TSJ, supondría un duro golpe para el municipio, «aunque llevamos unos ejercicios de contención del gasto, el año pasado tuvimos un superávit de dos millones y podríamos hacerle frente con ciertas garantías».

Ruipérez señaló que el problema era parte «de la herencia recibida», aunque dijo constarle que el anterior equipo de gobierno había tratado de alcanzar un acuerdo con los propietarios, sin conseguirlo. «Nosotros hemos tratado de minimizar el daño para el municipio y al menos se ha reducido en más de un millón la indemnización que reclamaban».

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