El Ayuntamiento de La Unión garantiza el suministro de agua a quienes no puedan pagarla

Imagen del pleno de julio.
Imagen del pleno de julio. / LV

J. P. S.LA UNIÓN

Lejos de apagarse, el debate político que surgió en el verano de 2012 con la privatización del servicio de agua y alcantarillado, continúa sumando episodios. En esta ocasión, la controversia ha sido a raíz de una moción aprobada por el gobierno local (PSOE) e IU -con la abstención de PP y Ciudadanos- en la que acuerdan crear una comisión de seguimiento «para el cumplimiento del contrato del agua con instrumentos de control, inspección y seguimiento».

Aunque no se mencionó en el debate, la presentación en el Pleno de esta iniciativa respondía a una propuesta presentada por un círculo local afín a Podemos que defiende un rescate «viable técnica y financieramente» de la concesión actual de Acciona, «para que el servicio vuelva a ser íntegramente municipal y se pueda rebajar el coste del recibo, el más alto de España».

Así pues, la comisión será tripartita (con representación política del Ayuntamiento, técnicos y Acciona) y deberá estar funcionando con «carácter operativo» antes de que acabe el año. Su objetivo inmediato será la elaboración de un nuevo reglamento del servicio, que deberá incluir una cláusula social «que garantice el derecho humano al agua, traducido en la imposibilidad de suspensión del suministro por impago con garantía de un mínimo de litros por persona y día para cada domicilio, conforme a las resoluciones y directrices de la ONU».

Asimismo, la comisión deberá subsanar «lagunas del contrato dignas a tener en cuenta, como la financiación del el bono social, soportado principalmente por el Ayuntamiento, las normas para proceder a los cortes de suministro con garantías previas y la emisión del recibo por Acciona –como hace desde el inicio de la concesión- o el propio Consistorio».

Y sobre la posibilidad de remunicipalizar el servicio, la moción no aborda ninguna parte dispositiva y se limitar a admitir, como apuntó el Alcalde, Pedro López Milán, que «es casi imposible romper el contrato con Acciona». El argumento es que «los graves problemas económicos que conllevarían, en un principio, el rescate de la actual concesión, dada la precaria situación económica financiera actual del Ayuntamiento». Eso sí, de cara al futuro, la moción dice que «impulsará, cuando la situación económica lo permitiera, e incluso a la finalización de la concesión [en 2037], las iniciativas oportunas para cumplir la máxima de ‘nunca más la venta del agua, nunca más la privatización de la gestión del servicio de agua’».

En su intervención, el primer edil reconoció que el coste del metro cúbico de agua en el municipio «es superior en media a los datos aportados por OCU tanto en la región de Murcia como en el conjunto de España». Y ello, añadió, «se debe a que la privatización del servicio por el gobierno del Partido Popular supuso una transferencia en canon de concesión a favor del Ayuntamiento por importe de 6.700.000 euros que, sin duda alguna, ha repercutido en la carestía del coste del agua para los ciudadanos». Este dinero que entró en las arcas municipales en tiempos del PP, agregó, «no tiene reflejo como tal en la factura, lo que supone una flagrante contradicción con la normativa que establece que las tasas no podrán exceder los costes del servicio».

Al finalizar su intervención, López Milán, en la misma línea que el concejal de IU, Miguel Ángel Cárceles, subrayó que «no se puede jugar con un bien básico como es el agua y debe alejarse de cualquier intento de comercializar con el mismo».

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