La oposición tumba el decreto sobre las ITV en la Región

Colas en la ITV de Espinardo.
Colas en la ITV de Espinardo. / Guillermo Carrión / AGM

La norma preveía aumentar las ocho concesiones actuales a 18 estaciones | El Gobierno regional analiza solventar la situación por la vía judicial

EFE

La oposición tumbó este lunes el decreto-ley sobre el nuevo modelo de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región, que preveía aumentar las ocho estaciones actuales a 18 concesiones, por lo que seguirá vigente el modelo anterior.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, que sustituyó en el debate al titular competente, Juan Hernández, había justificado el nuevo modelo porque el actual, que continuará en vigor, con seis estaciones por concesión, una por gestión directa (Alcantarilla) y la restante por autorización (liberalización), ha dado "síntomas de agotamiento" con un coste muy superior a las del resto de España.

Rivera aseguró que los 10 años no prorrogables que iban a tener los nuevos concesionarios hubieran dado paso a la liberalización, evitando las "disfunciones" ocurridas en otras comunidades que han pasado directamente de la concesión a la autorización.

Así, inició en que en la Región no ocurriría la concentración de las ITV liberalizadas en los núcleos de mayor población, dejando sin servicio a zonas periféricas, además de impedir la bajada significativa detectada de rechazos, de hasta el 50%.

Con este texto, defendió el consejero, habría una red de ITV "eficiente" que hubiera dado servicio a cualquier núcleo en un radio máximo de 30 kilómetros, al tiempo que ha augurado un descenso en las tarifas del 37%, que hubiera llegado hasta el 80% en los tractores y vehículos agrícolas, lo que redundaría en un "aumento de la renta disponible" y en un "efecto llamada" en los territorios vecinos.

Rivera, que se mostró abierto a mejorar el decreto a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios, algo que finalmente no ocurrirá al tumbarse el texto, remarcó que la Comunidad autónoma plantearía "exigencias" en los pliegos de la concesión, que fijarán la tarifa y el canon, para que se mejore la seguridad en las inspecciones y en la calidad de las estaciones de ITV.

Defensa de una red pública

Desde el PSOE, Alfonso Martínez Baños apostó por crear una ponencia en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo que estudie el nuevo modelo que debe regir a las ITV, si bien defendió que debe ser una red pública, incidiendo en que tres de las cuatro comunidades autónomas con las tarifas más baratas son gestionadas por la Administración.

Tras lamentar un texto que no justifica la "privatización" de la gestión de las estaciones, pidió al Gobierno regional que "no nos tomen el pelo" con una "política populista neoliberal" que responde a "razones partidistas y determinados intereses empresariales".

En la misma línea, el diputado de Podemos Andrés Pedreño reseñó que los sindicatos firmaron mantener las condiciones laborales y no defender el "modelo de gestión", al tiempo que auguró un "escenario catastrófico" en el que habrá una "pérdida en la calidad del servicio" y en el impacto a la seguridad vial.

"Si no compiten por los precios, lo harán por el abaratamiento de los costes laborales, dejando en aguas de borrajas el acuerdo con sindicatos, o reduciendo el tiempo de la revisión", afirmó Pedreño, quien apuntó que las "prisas, ausencias y lagunas" esconden "dar la razón a los que tienen más poder, a los amiguetes del partido".

En las filas de Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell consideró el decreto una "oportunidad perdida" y una "barrera" al emprendedor que quiere acabar con el "oligopolio artificial" que mantiene el texto del Gobierno regional.

Finalmente, el diputado del PP Javier Iniesta valoró la iniciativa del Ejecutivo autonómico porque el anterior modelo no es el adecuado. "Algo había que hacer", apostilló el diputado regional antes de declarar que el primer beneficiario sería el usuario con una ITV "más cercana, más accesible y tarifas más bajas".

Tanto Ciudadanos como el PP rechazaron que sea un modelo público, tal y como defienden PSOE y Podemos, puesto que supondría aumentar el gasto a las arcas públicas, que Iniesta cifró en 2 millones de euros por estación y López Morell en 60 millones de euros en total.

El pleno comenzó con la toma de posesión de su escaño del diputado de Podemos Miguel García Quesada, que sustituye en el grupo a Antonio Urbina, quien renunció a su acta el pasado 20 de junio.

El Ejecutivo analiza los mecanismos jurídicos para «resolver esta situación»

El Gobierno regional lamentó la negativa de última hora de Ciudadanos a apoyar el decreto ley de prestación del Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región de Murcia y adelanta que analiza los mecanismos jurídicos para resolver la situación.

Así lo señaló la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien declaró que "desde este mismo momento el Gobierno regional comienza a analizar los mecanismos jurídicos que tenemos a nuestro alcance para poder resolver esta situación, para trabajar en ITV's más cercanas, baratas, con menos colas, y dar solución a la estabilidad que necesitan esos 200 empelados públicos que trabajan en el sector".

"Todos los ciudadanos deben saber que el Gobierno llevó el Decreto Ley del nuevo modelo de Inspección Técnica de Vehículos en la Región Murcia al Consejo de Gobierno del 2 de agosto porque estaba asegurado el apoyo de Ciudadanos", de lo contrario, "no se hubiera llevado".

Desde el primer momento, continuó, "se ha trabajado este Decreto con el sector, con los sindicatos, alcanzado un acuerdo beneficioso con Ciudadanos para los 200 empleados públicos que estaban pendientes, para aumentar el número de estaciones y bajar el precios de las ITV's" y "sin motivos aparentes", lamentó, esta misma mañana la formación naranja ha cambiado de opinión.

Tras lo que Arroyo recordó que el nuevo Decreto contemplaba once nuevas estaciones de ITV, cuatro nuevas en Murcia capital y pedanías, también en municipios como Cartagena, Santomera, Cieza, Mula, Águilas o Yecla.

Y es que, puntualizó, el Decreto Ley "contemplaba un mejor servicio para los ciudadanos que tienen, en determinadas ocasiones, que aguantar largas colas y pagar un precio mucho más caro en ese modelo de inspección técnica de vehículos que tenemos actualmente".

Fotos

Vídeos