«En octubre moveré ficha con el Mar Menor. Ese tema no se va a archivar y no descarto nada»

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia.
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia. / Nacho García / AGM
José Luis Díaz Manzanera. Fiscal superior

«Mientras yo sea fiscal superior no se actuará en los casos en los que no haya base. No me consta que esto haya pasado»

ALICIA NEGRE y MANUEL BUITRAGOMurcia

Tiene a prácticamente toda la Región pendiente de sus pasos. Apenas medio año después de tomar posesión como fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera regresa de las vacaciones con mucho trabajo por delante. Encima de su mesa se acumulan miles de folios sobre la contaminación que atenaza el Mar Menor que, deja claro, se transformarán a comienzos de octubre en una sonada querella. Un caso que compagina con la preparación, junto al fiscal Anticorrupción, del escrito de acusación con el que pretende sentar en el banquillo al expresidente regional y presidente del PP murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio'.

-En la memoria anual que presentó recientemente vuelve a abogar por que la instrucción pase a manos de los fiscales. Con las carencias que aseguran sufrir, ¿están preparados para asumir esa función?

-Actualmente no. Somos de la idea, siempre lo hemos sido, de que sería muy bueno que la Fiscalía cogiese la instrucción de los procedimientos penales por muchas razones. ¿Actualmente eso sería posible? No. Debe ir acompañado, evidentemente, de una reforma muy profunda. Ya ha habido varios intentos de anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora parece que está ya redactado otro, que no se ha dado a conocer aún pero me consta que ya está redactado, en el que se da la instrucción a la Fiscalía. El cambio debe ir acompañado de una infraestructura. Sería una revolución importante que yo estaría encantado de vivir, ya sea como fiscal superior o como fiscal normal, asumirla antes de mi jubilación.

-¿Cree que eso conseguiría aligerar la Justicia? Estamos viendo unos tiempos de respuesta que se están yendo más allá de lo razonable.

-Se aligeraría posiblemente, pero la forma de aligerar la justicia es aumentando personal y medios, tanto personales como materiales. En este sentido, a mí me parece bien la reforma de la Ley de Enjuiciamiento, en cuanto a los plazos para la instrucción, dado el tiempo exagerado que están durando los procedimientos. Pero yo podría plantear una exigencia a esos plazos siempre y cuando tenga las herramientas suficientes. Aquí en Murcia, para equipararnos a la media nacional, que sigue siendo insuficiente, harían falta 15 fiscales. Con 90 o 100 fiscales sí existiría un compromiso por parte de la Fiscalía, por parte de los órganos judiciales entiendo que también si a su vez se ampliasen, de exigencia de cumplimiento de plazos.

-¿Ahora mismo no es posible ese compromiso?

-No, no es posible. Asuntos de una relativa sencillez, con que te metas a practicar diligencias como una pericial, ya pasas los seis meses. Tienes que estar con petición de prórrogas y la preocupación y el estrés que conlleva ceñirte a esos plazos. Casi ninguno se nos ha pasado, pero hubo un caso y obviamente eso no es de recibo. Es un tema de voluntad política y de inversión económica.

-Llevan muchos años reivindicando medios y su petición no parece que haya sido escuchada.

-La justicia sigue siendo una, por no decir la mayor, asignatura pendiente de este país. Hace falta una reforma profunda y que se dé respuesta a los ciudadanos, que lamentablemente son los que salen perjudicados. Y no hablo solo del ámbito estrictamente penal. En el ámbito civil, se están yendo los plazos para resolver, por ejemplo, custodias de menores, separaciones, divorcios... Temas que afectan al ámbito personal del ciudadano de manera grave y que se están yendo muchos meses en señalar los juicios. Imagino que existirá un problema de índole económica porque evidentemente hay que cubrir otras muchas necesidades en el país que son también muy importantes. Creo, no obstante, que la Justicia es el pilar básico y que tiene que manifestarse una celeridad en dar respuesta. Si no, da mala imagen para el propio país.

- El fiscal de Delitos Económicos alerta, en la memoria, de que las rebajas penales por retrasos en los grandes fraudes fiscales ya son «la norma general». ¿Le preocupa que se dé una imagen de impunidad?

- Sí, bueno, si no de impunidad, sí de menos seriedad. Es cierto lo que dice el fiscal de Delitos Económicos. Esto ocurre no solamente ahí. Está sucediendo en los delitos de tráfico, de corrupción... Hay una circunstancia de dilaciones indebidas que se está aceptando, y es lo más grave, como atenuante cualificada. Al amparo del Código Penal, eso nos obliga a bajar la pena en uno o dos grados. Eso se une a la actuación legítima de las defensas.

-¿Cree que hay cierto abuso, a veces, por parte de las defensas?

-Hay de todo pero yo creo que, en general, ellos ejercen su función. Si la ley les está permitiendo el que puedan recurrir absolutamente todo, pues están en su derecho. Por eso, hace falta una regulación jurídica que, sin mermar el legítimo derecho de defensa, que eso es sagrado, limite de alguna forma y facilite que el juicio oral llegue pronto.

-Hace unos meses defendió la posibilidad de obligar a las denunciantes de malos tratos a declarar en el juicio para evitar los archivos de estas causas. ¿No es una medida demasiado tajante?

-Cuando se pone en marcha el aparato de la Justicia, lo que no puedes es dejar al albur o al capricho de las víctimas de un delito que el procedimiento siga o no siga. Por desgracia, en los malos tratos esto sucede. El problema es en los casos en los que solo tienes la declaración de la víctima. Ahí tenemos un problema. De todas las sentencias que se dictan en el ámbito penal, hay un 25% absolutorias y de ellas, un 75% son por violencia de género. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. En la mayoría de esos casos el fiscal se encuentra con el problema de que acusa en base a la declaración de una víctima que luego no quiere declarar. El sistema por ahí está haciendo agua. Estamos produciendo un gasto innecesario de dinero, de tiempo, en unos procedimientos que acaban de esa forma. Hay supuestos en los que te das cuenta de que ese hecho se ha cometido, pero finaliza de esa manera.

-¿Tiene ya claro qué va a hacer con las diligencias que abrió por la contaminación del Mar Menor?

- A finales de mes, principios de octubre, porque ya se cumple el plazo, voy a mover ficha.

-¿Va a presentar una querella?

-Muy probablemente eso no se archive. Más detalles por ahora no puedo dar, pero no se va a archivar.

-Ya se anticipa, en cierto modo, en la memoria que hay base.

-Cierto. Base jurídica aparentemente sí parece que hay.

-¿Actuará contra organismos, personas, empresas...?

-No descarto nada.

-¿Contra la Administración?

-Aquí no se descarta nada. Están abiertas todas las puertas y todos lo saben porque he pedido papeles a todo el mundo. Tengo una cantidad de folios... No sé los miles de folios que habrán salido ahí. Periciales hay cientos. Muchísimas.

-¿Cómo se tipifica penalmente una cosa que antes estaba permitida o tolerada y que ahora no lo está?

-Bueno, ese es uno de los caballos de batalla aquí. Saber si estaba tolerada y si esa tolerancia era legal o no era legal, y luego las posibles repercusiones que puede tener en los distintos actores contaminantes a la hora de aplicar alguna circunstancia atenuante o no. Ese es un tema interesante que habrá que ir viendo.

-¿Se considera satisfecho de que, por el simple hecho de abrir diligencias, se diese orden de que cesasen los vertidos?

-Si realmente ha sido así, que aparentemente por lo que se lee en los medios puede que sí haya sido así, sí. Ahora, ¿que realmente eso ha tenido el efecto de parar el efecto contaminante? Pues por lo que estoy leyendo y lo que recabo, parece que no.

-¿No han parado los vertidos?

-Se están viendo muchos vídeos y muchas noticias. Tengo un dosier de prensa tremendo. Me mandan vídeos por WhatsApp. Esa salida continua de nitratos con salmuera todo apunta a que sigue. Me baso fundamentalmente en noticias de los medios y algunas las corroboro yo.

-Al margen de la preparación de la querella, ¿la Fiscalía está actuando ahora mismo ‘in situ’? ¿Se está rastreando el Campo de Cartagena?

-Se está haciendo todo lo posible dentro del margen de la legalidad.

-¿Cree que se siente acogotada la CHS en su gestión y en sus trámites por la actuación de la Fiscalía?

-Yo eso no lo sé. Pregúnteles. No es mi función, ni persigo en absoluto acogotar a nadie. Cada uno está intentando hacer su trabajo con la mayor honestidad. ¿Si es a raíz de la actuación de la Fiscalía? Eso no lo sé.

-¿Sus relaciones con el Ejecutivo regional, del PP, son institucionalmente correctas?

-Sí.

-¿Ha pasado ya ese clima enrarecido que había cerca de un año entre la Fiscalía y el PP?

-Uno de mis objetivos era establecer a nivel institucional una relación correcta y de respeto. El respeto tiene que ser mutuo. Partiendo de esa base, yo estoy abierto. Hay que transmitir que esta es una función que exige el máximo respeto. Estamos presididos por la imparcialidad. Una cosa está clara. Mientras yo sea fiscal superior, no se actuará en los asuntos en los que no haya base. Cosa que nunca me consta que haya pasado. Aquí siempre se ha actuado con base jurídica y por razones técnicas. Lo digo claramente de mi antecesor porque ha sido así y porque he estado trabajando con él diez años. En ese aspecto se sigue manteniendo la misma línea. Absoluta y total imparcialidad. Estamos teniendo sentencias de condena en temas de corrupción. Es un respaldo a una labor que se está haciendo. Garantizo que los fiscales estamos al margen de cualquier tipo de presión que pueda existir.

-Las consecuencias en el ámbito político no han sido pequeñas. La actuación de la Fiscalía ha generado la dimisión de un presidente regional. ¿Cómo se digiere algo así?

-Pues con la más absoluta normalidad. Aquí no se busca nada que no sea únicamente el aspecto jurídico. Aquí se trata exactamente por igual a cualquier ciudadano sobre el que existan elementos indiciarios de que ha podido cometer un delito. Nos da exactamente igual sea quien sea. Nosotros no pensamos en otro tipo de aspectos. Le puedo garantizar que en muchas ocasiones cuando llegan asuntos que están relacionados con el ámbito político, en mi caso, yo ni sé de qué partido es porque me da igual. En ese aspecto puedo ir con la cabeza bien alta. Me da igual que sea de un partido o que sea de otro.

-¿Está más cómoda ahora la Fiscalía que antes?

-No lo sé.

-Antes se percibía un ambiente de mayor presión social, política...

-Estoy buscando la mayor discreción, la mayor transparencia y evitar cualquier tipo de conflicto que no esté incluido directamente en el ámbito judicial. Es ahí realmente donde el fiscal tiene que pelear. En el ámbito interno, yo sigo trabajando igual. No he encontrado nada distinto de cuando era fiscal de Medio Ambiente a ahora. Quizás debería preguntárselo a otros fiscales.

-Su antecesor, Manuel López Bernal, denunció que algunos compañeros sufrían presiones y amenazas.

-Sí, ha habido, pero hechos muy puntuales. Estamos hablando del caso del fiscal Anticorrupción.

-¿De los asaltos a su casa?

-Sí, eso sí parece que es una cosa bastante llamativa con un supuesto mensaje oculto que se ha querido dejar con ese tipo de actos. Pero son hechos puntuales que no nos afectan. En el caso del fiscal Anticorrupción le puedo asegurar que sigue trabajando exactamente igual.

-¿Tienen ya preparado el escrito de acusación del ‘caso Auditorio’?

-Sí, bueno. Estamos en ello. El asunto lo está llevando el fiscal Anticorrupción conmigo. Ese es un compromiso que adquirí con el fiscal general y, por tanto, ese tema lo estoy supervisando yo directamente. Agosto era inhábil y ahora estamos en la fase de resolver determinados recursos que yo creo que este mes posiblemente se van a resolver. El escrito de acusación ya se está preparando en los términos que ya estamos dejando caer en nuestros escritos, evidentemente.

-¿Y el ‘caso Púnica’?

-Ese tema a mí se me escapa ya, al estar llevándolo desde Madrid. Tengo entendido que los recursos de ‘Púnica’ también se van a resolver en septiembre, por lo que los escritos de acusación tienen que estar presentados en octubre. Imagino, conforme a las últimas acusaciones, que se va a formular acusación, pero ahí ya no puedo decir nada.

-¿Le preocupa la deriva que está tomando Cataluña? Cabe suponer que ahí será la labor judicial y de Fiscalía la que ofrezca una solución.

-Creo que hay una doble vía de actuación. Por un lado, de índole política. En ese caso es el Ejecutivo el que tiene las armas. En el ámbito jurídico, ¿hay responsabilidades penales? Bueno, podemos tener posibles desobediencias a órdenes del Constitucional en su caso; posibles prevaricaciones y, en su caso, también se pueden plantear responsabilidades económicas a efectos de una presunta malversación por la utilización de fondos públicos para un fin aparentemente ilegal. Hay mecanismos legales para eso. Todos estamos sometidos a la ley, inclusive Cataluña.

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